El consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, trasladó también a los abogados su petición al Ministerio del Justicia para que defina con claridad la financiación de la asistencia jurídica gratuita a través del dinero que se está recaudando por el establecimiento de las tasas judiciales, un aspecto clave para mejorar el sostenimiento económico de este servicio. A su juicio, "el Ministerio de Justicia todavía no ha cuantificado qué por-centaje de esas tasas judiciales va a destinar a las comunidades autónomas para contribuir a sufragar la justicia gratuita, a pesar de que se comprometió a ello cuando anunció la ley que establecía las citadas tasas". Al igual que el colectivo de la abogacía, la Junta rechaza las tasas judiciales y pide su derogación inmediata o bien su anulación por parte del Tribunal Constitucional.
