La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció ayer que van a proponer que las personas que habitan en las viviendas sociales de la Junta y no pueden pagar el alquiler realicen trabajos para la comunidad, lo que afectaría al 10% de los arrendatarios. De este modo, en su intervención en el Fórum Nueva Economía (celebrado en Sevilla) la consejera denominó a esta modalidad "alquiler compensado" y la incluyó en el Plan marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que se encuentra en fase de borrador y será aprobado a finales de este año o principios del 2014.
Tras su intervención, la consejera recordó que el parque público de viviendas de Andalucía es el más grande del país y cuenta con más de 80.000 casas repartidas en 512 municipios, en las que viven más de 350.000 personas. El objetivo de la Junta es que ninguna familia sea desahuciada, según señaló la consejera, quien comentó que también esperan "dignificar lo público" con esta medida.
Los arrendatarios podrán desarrollar obras en sus viviendas o en las zonas comunes de los edificios, y con esto se persigue mantener en buen estado el patrimonio que es de todos y ayudar a que estas personas compensen su deuda. Esta fórmula, además, podrá ser empleada (según recoge el borrador) "como parte del precio en aquellas segundas adjudicaciones de viviendas de promoción pública en compraventa y acceso diferido a la propiedad".
Elena Cortés también animó a la construcción a "renunciar definitivamente a la nostalgia del boom del ladrillo y avanzar hacia un nuevo modelo basado en la rehabilitación, la eficiencia energética y la regeneración urbana". Así, manifestó que gran parte del parque residencial andaluz está compuesto por edificios que tienen más de 30 años de antigüedad y el 60% se levantó antes del año 1979, cuando se aprobó la primera norma de requerimientos energéticos.
EN CORDOBA Por su parte, la delegada territorial de Fomento y Vivienda, María de los Santos Córdoba, avanzó ayer que el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía pretende generar empleo "en un sector de la construcción que se ha desplomado", ya que según apuntó, la rehabilitación crea más del doble de puestos de trabajo que la política de expansión de inmuebles. La delegada explicó los principales objetivos de esta iniciativa, coincidiendo con la expuesto por la consejera, y recordó que en Córdoba existen unas 17.000 viviendas vacías. Asimismo, destacó que los beneficios de apostar por la adecuación de inmuebles ya edificados serían un menor consumo de suelo, un menor impacto medioambiental y la apuesta por un modelo de ciudad "más coherente", así como por la recuperación de cascos históricos.
