Uno de los objetivos de la reforma es reforzar las diputaciones. Las administraciones locales serán evaluadas para determinar cuánto cuestan los servicios públicos del municipio. Las mancomunidades y entidades locales menores se someterán al mismo proceso fiscalizador y si no lo superan, serán disueltas y sus funciones pasarán a ser asumidas por diputaciones y municipios .

En un plazo de tres meses desde que la norma entre en vigor, las mancomunidades deben presentar cuentas ante los organismos correspondientes. Si no lo hacen, serán disueltas. El Ejecutivo no forzará la fusión de municipios, pero sí lo fomentará.