En medio de la preocupación generalizada por los escándalos de corrupción, muchos de ellos radicados en ayuntamientos y empresas públicas locales, el Gobierno presentó ayer su hoja de ruta para reducir los gastos de las administraciones locales y limitar sus competencias. La iniciativa introduce importantes novedades sobre el anteproyecto de julio. Hace siete meses, el Ejecutivo propuso reducir el 30% de los concejales. Sin embargo, después de constatar durante meses de negociación con la oposición y los alcaldes el rechazo a esta y otras iniciativas, el informe aprobado ayer por el Consejo de Ministros recoge que todos los ediles continúen con su labor pero sólo el 80% perciban un sueldo. El resto (56.097 concejales) tan sólo cobrarán dietas por su asistencia a reuniones y plenos.
La reforma rebaja además el sueldo a percibir por los alcaldes, que no podrán cobrar más de 100.000 euros (el salario de un secretario de Estado) en las ciudades de más de 500.000 habitantes. En el caso de los municipios pequeños (con menos de 1.000 vecinos) no tendrán retribución. También se eliminan más de 1.600 asesores y se limita las retribuciones de empleados y directivos públicos.
En total, un ahorro de 7.129 millones de euros, frente a los 3.500 millones previstos inicialmente. El recorte salarial del personal eventual y altos cargos, no obstante, tan sólo supone 145 millones. El 77% del tijeretazo se lo lleva la "clarificación de competencias y eliminación de duplicidades". La reforma supone de hecho la primera plasmación legal de la máxima de Mariano Rajoy de "una administración, una competencia". Para ello, se impedirá a los consistorios que proporcionen servicios que les corresponden a las autonomías o el Estado.
LA NECESARIA FINANCIACION El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, negó que la norma persiga cercenar las funciones municipales, como sostienen sus detractores. Según su versión, las comunidades podrán delegar servicios en los consistorios, pero siempre y cuando el convenio se acompañe de la financiación necesaria. Si la entidad superior deja de abonar el servicio, el Estado puede retener las transferencias a la administración incumplidora.
La norma no entrará en vigor, según los cálculos del ministerio de Hacienda, hasta el año que viene, probablemente en vísperas de las próximas elecciones europeas. Por el camino aún queda una larga tramitación, en la que el Ejecutivo asegura que está dispuesto a aceptar recomendaciones. El texto fue remitido ayer al Consejo de Estado, mientras que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitó una reunión "urgente" con el Ejecutivo para introducir modificaciones.
La reforma fue acogida con profundas críticas por buena parte de la oposición, especialmente del PSOE. El Gobierno y los socialistas trataron de alcanzar un pacto sobre la reforma, y en algún momento pareció posible el acuerdo, pero el principal partido de la oposición consideró ayer que la iniciativa aprobada es un "golpe a los ayuntamientos" que traspasa competencias a las diputaciones para "privatizarlas", informa Juan Ruiz Sierra . Según explicó el secretario de Política Local del PSOE, Gaspar Zarrías, que llevó las negociaciones con el Ejecutivo, ni siquiera las cifras son ciertas. Hace un mes, dijo, Sáenz de Santamaría todavía hablaba de que la reforma supondría un ahorro de 3.500 millones.
Y ni siquiera el dejar sin sueldo al 82% de los concejales tendrá, según Zarrías, un gran impacto en las arcas porque casi ninguno de estos representantes cobra en la actualidad. "Con el señuelo de acabar con los políticos, se intenta criminalizar a los ayuntamientos, que solo deben el 4% del total de las administraciones públicas", concluyó el dirigente del PSOE.
