La mayor cantidad de cocaína intervenida por la Guardia Civil de Córdoba estaba escondida en latas de anarcados, venía de Brasil y llegó en un contenedor al puerto de Cádiz en octubre del 2006. Eran 473 kilos de droga y de gran pureza, en torno al 94%, que en el mercado hubieran supuesto una ganancia de 20,5 millones de euros al por mayor y más del doble en menudeo, según figura en la sentencia que dictó la Audiencia Nacional.
Un entramado empresarial, en el que estaba implicado un funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, traía de Sudamérica los anacardos y una empresa cordobesa que comercializaba productos alimenticios a pequeña escala y sin proyección comercial internacional, se encargaba de transportar la mercancía en contenedores a unos almacenes situados en un polígono industrial de Córdoba.
La Guardia Civil les seguía la pista desde el año anterior y detuvo a cuatro personas, que separaban los productos alimenticios de la droga para proceder a su envío a otro entramado de empresas ficticias ubicadas en Madrid. Desde la capital de España se distribuía a otros países europeos. En apariencia, todo era legal, pues contaban con permisos de exportación.
En esta operación y bajo la dirección del juzgado central de Instrucción dos de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil procedió a cinco registros domiciliarios, tres en la capital cordobesa, uno Fuengirola y otro en una lujosa mansión en la madrileña sierra de Guadarrama.
La Audiencia impuso condenas que oscilaron de 9 años a 11 años y medio y cuatro multas por valor de 21 millones.
