La Federación Andalucía Acoge mostró ayer su preocupación por los desalojos de campamentos rumanos en Córdoba, ya que "no elimina el problema, sino que lo traslada a otro lado" y por el efecto cascada que puede provocar en otras localidades cordobesas al trasladarse allí los desalojados, según explicó ayer a Diario CORDOBA Mikel Aragrás, secretario de la federación de asociaciones de defensa del emigrante.

Para Aragrás, "se trata de un problema de exclusión social más que de inmigración", parte de un mal, la pobreza, en ascenso en España "como demostró la semana pasada los informes por el Día contra la Pobreza o, ayer mismo los datos del INE".

Sin embargo, el problema de los asentamientos rumanos "no se soluciona desalojando campamentos. Así lo único que se consigue es trasladar el problema" a otro punto del municipio o a otra localidad, que en Córdoba puede provocar un efecto cascada si en ese otro punto ya hay campamentos. Aragrás también llama la atención sobre lo inoportuno de la medida, justo coincidiendo con campañas agrícolas importantes (que atraen a mucho inmigrante) y al comenzar los meses más fríos del año.

Para Andalucía Acoge, la solución es muy distinta: destinar "recursos sociales" para la educación e integración de estos grupos, algo que no entiende como gasto sino como una "inversión social" que evitará problemas y desembolsos mayores en el futuro. "No es nuevo lo que le he dicho. Es la misma postura que defendemos desde hace unos ocho años", recuerda Araguás.

A la pregunta de si hay factores culturales que impiden la integración de este grupo humano, el secretario de Andalucía Acoge lo tiene claro: "También se decía hace 20 años que no podía integrase a la etnia gitana española porque había razones culturales, y ya nadie duda que sí es posible". Eso sí, "la integración social de un grupo no se realiza de un día para otro, necesita recursos y trabajo", pero "si se hubiera empezado a trabajar hace 6 u 8 años ahora sería más sencillo intervenir, porque los procesos de exclusión social se agudizan".

Arragrás, incluso, anunció que se mantendrán contactos con otros colectivos, como la Asociación Pro--Derecho Humanos de Andalucía, para estudiar la situación creada en Córdoba.