Los jueces de toda España lanzaron ayer el guante al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallarón, al que amenazaron con una huelga si no se sienta a negociar con ellos las reformas que van a cambiar su sistema de trabajo, la estructura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la falta de inversión en la administración de justicia, a la vez que denuncian la lentitud e ineficacia del sistema judicial. Además, los magistrados de Madrid reclamaron la dimisión del presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, al que acusan de "deslealtad con la carrera judicia".

El conflicto tiene su origen en la pretensión del Gobierno de eliminar algunas "singularidades" de la carrera judicial, como las definen los togados, frente al resto de los funcionarios, como el derecho a disfrutar de 18 días libres al año o la contratación de interinos para que les sustituyan durante sus vacaciones, permisos o bajas laborales.

El ministerio ha rebajado los días de permiso a tres, aunque fuentes del CGPJ han adelantado que existe un compromiso entre Gallardón y Moliner para ampliarlos a doce.

Las juntas de jueces se adhirieron al acuerdo suscrito el pasado 17 de septiembre por las asociaciones judiciales y exigieron al Gobierno que paralice las reformas previstas y que abra una vía de negociación que "dé respuesta" a sus reivindicaciones. En las juntas celebradas ayer se acordó conceder un plazo de 15 días a Ruiz Gallarón para que se siente con ellos. Le advirtieron de que están dispuestos a convocar una huelga y paros parciales. Mientras mantendrán su particular huelga de celo, ya que cumplirán estrictamente con su jornada laboral y no celebrarán juicios por la tarde.

Los jueces se volverán a reunir en el mes de octubre. Los magistrados celebraron una primera huelga en el 2008 y acabó, en parte, con la carrera política del entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.