La consejera de Educación de la Junta, Mar Moreno, anunció ayer que los servicios jurídicos de su departamento están preparando un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley 14/2012 de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo al entender que dicha norma "invade" competencias en esta materia de la comunidad.

Así lo dijo durante un desayuno informativo organizado por Forum Europa en Sevilla, donde anunció también que la Consejería de Educación va a remitir al ministro del ramo, José Ignacio Wert, un "informe económico" que "demuestra" que el modelo de cobertura de bajas docentes implantado en Andalucía desde hace tres años y que permite cubrir las ausencias del profesorado en tan solo "48 horas" es un modelo "sin coste adicional" y que es "exportable" al conjunto del país.

Tras insistir en que este modelo de sustituciones docentes ha permitido reducir de 15 a 2 días la espera de profesorado sustituto, Moreno contrapuso la medida tomada por el Ejecutivo de la nación en el mencionado decreto de no cubrir las bajas docentes antes de 15 días, algo que Andalucía tendrá que aplicar de forma "obligada" hasta que el Tribunal Constitucional tome alguna decisión al respecto del recurso que la Junta va a presentar (aún no se sabe cuándo) sobre los recortes en educación.

EXIGENCIAS LEGALES A lo largo de todo el acto, la consejera explicó que los recortes que el Gobierno andaluz está realizando en materia educativa no son iniciativa propia de la Junta sino que "son fruto de las exigencias del Gobierno central". Por ello, aseguró con rotundidad que "la Junta no está realizando recortes en el sistema educativo" de la comunidad y que las medidas de ajuste que está llevando a cabo son consecuencia de la decisión "política" del Ejecutivo de Rajoy de "recortar 10.000 millones en educación y en sanidad", algo que rechaza al entender que la "factura de la crisis no la deben pagar" estas políticas sociales.

EDUCACION PUBLICA La consejera hizo durante toda su exposición una firme defensa de la educación pública y reivindicó su derecho, como ciudadana, a lucir en la solapa de su chaqueta un lazo verde como señal de protesta contra los recortes en educación, algo que no hace, según explicó, para evitar que se la tache de "hipócrita o ventajista" o de "querer escurrir el bulto".

Insistió en que su defensa de la educación pública, así como la del presidente Griñán y la de todo el Gobierno, se traduce en políticas como la de "mantener la proporción del 80% de la escuela pública frente al 20% de la concertada y privada" o la de no aumentar las ratios en las aulas de la comunidad para "salvaguardar el empleo de 3.500 profesores interinos".

Consciente del "malestar" que existe entre el profesorado andaluz, así como entre los sindicatos, por los "recortes salariales" contemplados en el plan de ajuste, Moreno prometió al profesorado la puesta en marcha de diez medidas de mejora a lo largo de los próximos cuatro años.

Estas medidas son, entre otras, la defensa de las actuales plantillas docentes, la mejora de la formación inicial y de la formación permanente, la dotación de herramientas nuevas para la evaluación docente, la desburocratización de la tarea docente, la dignificación del papel social del profesorado y de su autoridad y el refuerzo de la autonomía de los centros.