El pleno del Parlamento andaluz convalidó ayer el decreto de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico financiero de la Junta, todo ello con el voto en contra del PP-A, así como también de los dos diputados de IU-CA por la provincia de Sevilla Juan Manuel Sánchez Gordillo y Marina Segura, quienes rompieron la disciplina de voto marcada por la federación de izquierdas, dado que su Ejecutiva aprobó el pasado lunes que el grupo parlamentario apoyara la convalidación del citado decreto en la Cámara andaluza.

Los dos diputados de IU-CA votaron en contra de la convalidación del decreto-ley del plan de ajuste de la Junta como de su tramitación como proyecto de ley, una tramitación que ha sido apoyada por el resto de los diputados de la Cámara andaluza.

MEDIDAS DE ESTIMULO La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que solicitó en el pleno del Parlamento en representación del Gobierno andaluz la convalidación del citado decreto-ley, defendió que el compromiso con la estabilidad presupuestaria ha de ser compatible con la puesta en marcha de políticas de reactivación econó- mica y de estímulo, considerando que "apostar exclusivamente por la consolidación fiscal nos parece poco racional".

En su intervención en la Cámara andaluza, Aguayo se mostró convencida de que, sin crecimiento, ningún país va a poder sanear sus cuentas e insistió en la idea de que "impulsar el crecimiento es determinante para poder solucionar nuestro principal problema, que es el desempleo". Recordó que en el plan se establecen una serie de actuaciones a llevar a cabo para cumplir con el objetivo de déficit establecido para el año 2012. Medidas dirigidas, por una parte, a posibilitar ingresos adicionales, por importe de 1.000 millones de euros y, por otra parte, a reducir el gasto previsto, por importe de 2.500 millones.

La consejera reiteró que Andalucía "cumplirá su compromiso" con la estabilidad presupuestaria, aunque el objetivo de déficit fijado es "injusto, insolidario y desproporcionado" en lo que se refiere al reparto del esfuerzo de ajuste entre la Administración del Estado y las comunidades.

RECORTE BRUTAL En el turno de intervenciones, el portavoz parlamentario popular, Carlos Rojas calificó el plan de ajuste de la Junta como un recorte "brutal" para los empleados públicos y también para el conjunto de la ciudadanía. Y es que, según apuntó, dichos recortes afectarán a la calidad del servicio público y supondrán "una brecha" en el Estado del bienestar.

Para el diputado popular, el Gobierno andaluz ha optado por recortar y no por reformar. "Para sanear las cuentas públicas había otro camino, el de la reforma de la Administración y el de la austeridad, pero el gobierno de la izquierda única no ha querido tomarlo y ha preferido llevar a cabo un recortazo", señaló.

Rojas, que reprochó al Gobierno andaluz que "no dé la cara" por sus trabajadores públicos, consideró que la negociación con los sindicatos ha sido una "farsa" y que por ello no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo. Asimismo, indicó que hace falta un Gobierno andaluz "capaz de hacer sacrificios y no de imponérselo a los ciudadanos".

Por su parte, el diputado del PSOE José Caballos dijo que este "gobierno de progreso" está demostrando que se puede afrontar la crisis de otra manera "manteniendo el Estado del bienestar, sin despidos ni privatizaciones y pidiendo un esfuerzo de solidaridad a los que más tienen, más ganan y más heredan". En su opinión, se está imponiendo a Andalucía por parte del Gobierno de la nación "un castigo tan injustificado como injusto, porque el total del ajuste a todas las comunidades, Andalucía tiene que poner más del 20%, cuando es la comunidad con menos deuda por habitante".

LEALTAD A ESPAÑA El diputado socialista, que insistió en que la gran prioridad del decreto es "el empleo, el empleo y el empleo", indicó que su grupo parlamentario lo apoya por "lealtad" a España y al cumplimiento de las leyes, "aunque no nos gusten". "Tenemos un compromiso con nuestro país y vamos a cumplirlo", apuntó Caballos.

Finalmente, el diputado de IU-CA Ignacio García dejó claro en su intervención que no hay dos recortes, uno del Gobierno de Rajoy y otro de la Junta, sino que hay solo uno: el "impuesto" por el Gobierno central al Gobierno andaluz. "Rajoy sí tiene márgenes de maniobra para evitar recortes que no tiene Andalucía, pero que no quiere utilizar", añadió.

SACRIFICIO SOCIAL Puso en valor el "sacrificio" de los funcionarios que verán reducido su salario y dijo que el plan de ajuste no solo exige recortes a los trabajadores públicos, sino también a toda la sociedad, en relación a la caída en inversión. Según apuntó, IU-CA ha sido "protagonista" en la consecución de "cambios importantes" respecto a lo que era el plan inicial. Entre ellos, García citó que no se reduzca el salario a los empleados mileuristas, la reversibilidad de los derechos para el 2013 o que el recorte del sueldo a los interinos sea del 10% y no del 15%. Además, garantizó que su grupo parlamentario trabajará para que en la tramitación como proyecto de ley se introduzcan nuevas mejoras.