Las escuelas andaluzas mantendrán el mismo número de alumnos por clase, pero inevitablemente contarán con menos profesores el próximo curso. Además estos maestros necesariamente tendrán que asumir más trabajo diario y empezarán a cobrar menos dentro de un mes.

La reducción de la plantilla docente no surgirá del aumento de la ratio escolar, como dejó entrever la consejera de Educación, Mar Moreno, la semana pasada, pero sí hará mella la ampliación de la jornada lectiva del profesorado, que pasa de 18 a 20 horas semanales. La Junta ya advirtió de que esta norma básica de obligado cumplimiento les obligaría a prescindir de 4.827 interinos en la escuela. Lo mismo ocurre con la medida que prohíbe sustituir a los maestros enfermos antes de 15 días (3.789 eventuales cubren bajas medidas actualmente).

Tanto la subida de la ratio como la ampliación del horario lectivo forman parte del real decreto ley, aprobado el 20 de abril, que el Gobierno puso a disposición de las comunidades para "ayudarles" a adelgazar el gasto educativo. La Junta elude aplicar la que tiene mayor impacto sobre la calidad de la enseñanza (la ratio) y acata a regañadientes la que repercute directamente en las condiciones laborales del profesorado (más horas de clase).

RECURSO ANTE EL TC Pero igualmente anuncia que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Constitucional, como ha hecho el País Vasco, porque considera que el Estado invade competencias autonómicas reconocidas en el Estatuto. También se impugna el decreto que introduce el copago farmacéutico.

Hace una semana parecía que la Junta estaba abocada a transigir con el aumento de la ratio, pero la mera insinuación por parte de Educación puso en pie al socio de Gobierno, IU, proclamando que no lo toleraría. La coalición de izquierdas se atribuyó ayer la autoría de que finalmente no se haya rebasado esa línea roja, incluida en el acuerdo programático con el PSOE. Esta es la comunidad con más alumnado y con una contínua tendencia al alza, al contrario que otras regiones donde el número de estudiantes empieza a decrecer.

Andalucía pataleó contra los recortes educativos del Gobierno y Cataluña, en cambio, se quejó de que no se mutilara más la Ley Orgánica de Educación para permitir un mayor ahorro en uno de los Presupuestos más abultados. Ambas comunidades presentaron ayer su plan de reequilibrio: la Junta ha buscado el margen presupuestario en otros departamentos para "preservar el sistema educativo andaluz". La Generalitat, en cambio, subió desde el principio las ratios, amplió las jornadas lectivas, recortó los complementos salariales de los docentes, prohibió cubrir las bajas médicas hasta el undécimo día, aumentó un 66% las tasas universitarias y ayer, además, anunció que la FP de grado superior (equivalente a un título universitario) será de pago.

TASAS UNIVERSITARIAS En el ámbito universitario, la Junta dice haber llegado a un acuerdo con las 10 universidades para ir eliminando las titulaciones con pocos alumnos o baja demanda y reducirá personal docente para lograr un ahorro de 130 millones. A cambio, no prevé un aumento de las tasas universitarias, que repercuten directamente en el bolsillo del alumno.

Cataluña ha informado de que su recorte en educación asciende a 400 millones, de los 1.500 que integran su plan de ajuste. Andalucía no ha ofrecido un dato equivalente, aunque podría aproximarse, ya que el recorte salarial afecta a casi 100.000 profesores y la reducción de la plantilla interina alcanzará a entre 7.000 y 10.000 docentes, según fuentes de Educación.

Estas medidas han dejado un sabor agridulce en los sindicatos: aplauden que se recurra el decreto ley y que se mantenga el límite de niños por aula en 25 para Infantil y Primaria, y 30 para ESO. "Esos dos puntos demuestran un compromiso en la defensa de la educación pública", apuntó ayer José Blanco, de CCOO. Pero no les ha hecho gracia que el profesorado, fijo e interino, vuelva a cargar con el peso de los recortes.

La Junta opta por bajar salarios para amortiguar los despidos. El sistema escolar cuenta con 13.500 interinos. Hasta ahora, su jornada laboral era la misma que la de un funcionario (horas lectivas, guardias, tutorías, preparación de asignaturas...). La Junta les reducirá la jornada (y el salario) un 15%. Eso significa contar con menos profesores y reajustar las plantillas de las escuelas, las unidades, el reparto de materias, la planificación por zonas, los destinos, etc...