Mariano Rajoy vaticinó el pasado 30 de enero que la reforma laboral le costaría una huelga general. Se lo confió, en una conversación privada, a su homólogo finlandés, Jirki Katanien, creyendo que el micrófono estaba cerrado, a pocos días de presentar el texto en el Consejo de Ministros. Hoy, cuando apenas se cumplen 100 días del Gobierno del PP, los sindicatos aspiran a paralizar el país en señal de protesta por la ley que entró en vigor el pasado 18 de febrero, día en que apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es el primer pulso ciudadano a las reformas de Rajoy.
Ningún presidente de Gobierno español ha tenido una huelga tan temprana. Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero encajaron sus paros generales, pero años después de llegar a la Moncloa. Ahora los sindicatos reprochan al Ejecutivo, de forma especial, dos cosas. Que el abaratamiento del despido al introducirse un periodo de tres meses de caída del negocio sirva para llevar a cabo despidos objetivos con 20 días de indemnización así como la pérdida de poder en la negociación colectiva, marco de las relaciones entre empresa y sindicatos.
APOYO MASIVO Ayer, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, advirtió al Gobierno de que "el pueblo español no está dispuesto a permitir medidas que recortan el presente y acaban con el futuro". Su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, avanzó que la huelga general "será masiva" porque, considera, la sociedad está cansada de las elevadas cifras de paro y del recorte de los derechos sociales impuesto por el Ejecutivo y Bruselas. El líder de CCOO insistió en el éxito de esta huelga, ya que "es imprescindible" y "no cabe la apatía ni la resignación". "El futuro no está perdido, se puede ganar", afirmó.
Los sindicatos intensificaron ayer las movilizaciones para lograr convencer a los indecisos. A última hora de la tarde, cientos de delegados sindicales se concentraron en la plaza del Sol de Madrid para calentar la huelga. Durante todo el día se sucedieron denuncias de las centrales contra empresas, a las que acusaron de limitar el derecho a parar. El empresariado y el Gobierno también atacaron a los sindicatos al asegurar que los piquetes informativos serán "coercitivos", según el presidente de Cepyme, Jesús Terciado.
CAMARAS CIUDADANAS Este debate fue especialmente acalorado en Madrid, donde la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, animó a los ciudadanos a gravar con cámaras a los piquetes durante la huelga. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, anunció un teléfono específico que la policía pone en funcionamiento "para poder denunciar este tipo de coacciones".
El Gobierno mantiene que no modificará la reforma laboral. "Está en juego salir de la crisis que ha puesto a España en una situación límite", reiteró ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El titular de Economía, Luis de Guindos, sentenció: "Con independencia de lo que se defina como un éxito o un fracaso del a huelga, el Gobierno no va a modificar un ápice de la reforma". Las centrales sostienen que saldrán reforzadas para presionar al Gobierno si el paro es un éxito.
CCOO y UGT han organizado 111 manifestaciones, que recorrerán las calles de otras tantas localidades. En Madrid, la manifestación partirá a las 18.30 horas de Neptuno y finalizará en la Puerta del Sol, después de que la justicia avalara la petición de los sindicatos con este recorrido.
La Policía cuenta con que los dos principales sindicatos convocantes de la huelga general de este jueves movilicen a 6.000 personas para realizar los piquetes desde el inicio oficial del paro, decretado a las 00.00 horas de la pasada madrugada. Serán en torno a 4.000 personas de CCOO y 2.000 de UGT las que a lo largo de la jornada tratarán que la huelga sea un éxito, especialmente en las primeras horas coincidiendo con el funcionamiento de los transportes.
