La decisión del Parlamento catalán de dar vía libre, con la abstención del PP, a una fórmula de copago sanitario (al pago de un euro por cada receta farmacéutica que se dispense en la sanidad pública si el medicamento cuesta más de 1,67 euros), abrió una polémica el miércoles que ayer, lejos de apagarse, se intensificó en Andalucía. Los candidatos del PSOE, IU y PA reclamaron al aspirante del PP, Javier Arenas, que deje clara su posición. Este se limitó a responder, como el día anterior, que "en principio no está de acuerdo" con el copago, y a instar a Gobierno y comunidades autónomas a alcanzar un pacto sociosanitario que garantice la viabilidad del sistema.
El PSOE se movilizó en torno a esta situación, más aún cuando varias comunidades autónomas gobernadas por el PP admitieron la posibilidad de estudiar estas medidas --excluyendo a las rentas mínimas y desempleados--, y el Gobierno de Mariano Rajoy avanzó que está trabajando con las Comunidades Autónomas en la búsqueda de un modelo de prestación farmacéutica sostenible. Desde Madrid, el secretario general de PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, expresó su idea de que los Presupuestos Generales "esconden" una habilitación a las CCAA para que implanten copago sanitario, en medio de una marea de protestas sindicales y políticas. El candidato socialista a la presidencia de la Junta, José Antonio Griñán, arremetió con fuerza contra Arenas y le instó a que aclare este extremo.
En Andalucía el debate electoral siguió centrado en los riesgos y garantías del estado del bienestar, tanto en lo que atañe al copago sanitario como a la educación y otras prestaciones --sin olvidar la huelga general, a la que animó el candidato de IU, Diego Valderas, mientras Griñán dijo que no participará--, y Arenas cuantificó en 1.000 millones de euros el ajuste de gasto corriente que debe hacer Andalucía para alcanzar el objetivo de déficit.
