El número de hogares cordobeses que se ven obligados a recurrir a las prestaciones sociales para poder sobrevivir continúa en aumento. De este modo, fuentes de la Delegación de Igualdad han señalado que en el 2011 un total de 5.109 familias de la provincia se beneficiaron del salario social, una ayuda que la Junta tramita con la colaboración del Ayuntamiento y destina a las casas que no superan los 397 euros de ingresos mensuales.

El desempleo y la falta de acceso a otros recursos han motivado que en los últimos doce meses el número de beneficiarios que se han acogido a esta prestación del Programa para la erradicación de la pobreza y la desigualdad en Andalucía se haya incrementado un 17%. La subvención se concede durante seis meses y la cuantía media se sitúa en los 375 euros mensuales por expediente. No obstante, el jefe del Servicio de Acción e Inserción Social de Bienestar Social, Francisco Garrido, ha explicado que en el caso de las familias de tres miembros, la Consejería colabora para que dispongan de unos 529 euros al mes, mientras que si el núcleo cuenta con seis o más personas, esta cuantía se eleva a 642 euros.

La ayuda se ha otorgado "a todas las familias que lo necesitaban", señala Garrido, y en el ejercicio 2011 ha supuesto un desembolso de 11,7 millones de euros en Córdoba, un 18% más de lo invertido en el 2010, cuando el salario social necesitó una financiación de 9,9 millones (distribuidos entre 4.360 familias). La mayoría de los solicitantes atendidos fueron mujeres (71%), con entre 25 y 44 años (casi 59%) y el 54% de los recursos (6,3 millones) fueron a hogares de la capital. En cuanto a las solicitudes denegadas, desde la Junta han precisado que el año pasado no cumplían los requisitos 1.150 solicitantes, mientras que en el 2010 un total de 965 casos fueron rechazados. En la mayoría, se superaban los ingresos mínimos establecidos para acceder a la prestación o no se presentaba toda la documentación necesaria para acreditar las circunstancias familiares, apunta Garrido.

Las peticiones de esta ayuda se gestionan a través de los servicios sociales municipales o en la Delegación de Igualdad, que también estudia si la familia debe cumplir algún compromiso de inserción (puede estar relacionado con la escolarización de los hijos, la vivienda, la convivencia, el empleo...). En este sentido, la comisión que estudia las demandas está integrada por distintas delegaciones de la Junta de Andalucía (Obras públicas, Empleo Educación...), la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), los sindicatos y el Ayuntamiento, y adopta resoluciones que después deben ser refrendadas por la delegada de Igualdad, Silvia Cañero.

En la primera reunión del 2012, celebrada en enero, se han estudiado alrededor de 840 expedientes, acumulados en los dos últimos meses (en diciembre no se celebró este encuentro). El jefe del Servicio de Acción e Inserción Social de Igualdad aclara que la media se encuentra en unas 400 peticiones mensuales.

En cuanto a las causas por las que se ha registrado este incremento de la demanda del salario social, el aumento del paro es la principal. De este modo, Córdoba ha cerrado el último año con 122.600 desempleados según la Encuesta de Población Activa, 14.400 personas más que en el ejercicio 2010, y la falta de trabajo afecta a ciudadanos de todas las edades. La tasa de desempleo se ha situado en el 31% en la provincia y, lo que es más preocupante, buena parte de estos trabajadores (casi el 40% según los datos de diciembre del observatorio Argos) buscan una ocupación desde hace más de un año. La última EPA, relativa al cuarto trimestre del 2011, indicaba que el número de hogares en los que todos los miembros se encuentran parados ha crecido de forma significativa desde el 2007 -cuando comenzó la crisis- pasando de 16.000 a 39.400 familias.