La Junta ha aprobado un decreto para regular los registros de demandantes y ha introducido cambios en el reglamento de VPO. Una de las novedades será que los registros no solo ofrecerán promociones nuevas o esos contados pisos en alquiler que se quedan sin inquilino, si no que también dispondrá de una bolsa mayor de viviendas protegidas o libres, nuevas o de segunda mano, "cedidas o puestas a disposición" de los ayuntamientos, según explica el delegado provincial de Obras Públicas, Francisco García. Así, señala, cualquiera que tenga un piso vacío del régimen que sea y quiera alquilarlo podrá hacerlo a través del registro. Eso sí, tendrá que asumir que su vivienda se adjudica con los criterios que marca el registro para una VPO --el alquiler, por ejemplo, será más bajo--.

Otra novedad es que los registros admitirán a demandantes que ya son titulares de otra vivienda libre o protegida pero necesitan otra mejor adaptada a sus circunstancias porque la composición familiar haya aumentado, tenga a algún miembro con movilidad reducida o dependencia sobrevenida o no pueda habitar su casa por haber sido declarada como infravivienda o en ruina. El requisito es transmitir el inmueble en propiedad en un plazo de seis meses, pero, si no es posible, ponerlo a disposición del registro municipal o cederlo al Ayuntamiento para su posterior adjudicación. De esta forma, aumenta también la bolsa de pisos ofertados en tiempos de crisis en los que ejecutarlos es más complicado tanto para promotores públicos como privados.

La empresa municipal Vimcorsa estima que en la capital hay unas 450 personas en estas circunstancias que pasarán a formar parte del registro, ya que tiene un listado de familias que habían intentado inscribirse pero que están a la espera de vender su vivienda.

También tienen derecho a lograr una vivienda a través del registro teniendo otra las víctimas de violencia de género o terrorismo que deban cambiar de residencia; los que por motivos laborales se muden de ciudad de forma temporal; o los que necesiten un piso por un realojo.

Estos cambios abren la puerta a la entrada en el registro a familias como las de la casa que se derrumbó en los Olivos Borrachos o de las viviendas con daños por las inundaciones.

Los ayuntamientos, que asumen también las competencias para otorgar las calificaciones de VPO, tendrán seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto para adaptar sus registros.