El perfil del insolvente que acude en busca de ayuda a los profesionales corresponde en su mayoría "a autonónomos, a pequeñas sociedades y a algún particular", según expone Antonio César Ollero, socio director del bufete Ollero Asociados, que a su vez es el germen de la firma Estudios Mercantiles 2016, que agrupa a cuatro abogados y dos economistas. Pero del juzgado de lo Mercantil "nos puede llegar cualquier tipo de empresa", matiza este letrado, "desde una con 11 millones de deuda a un autónomo con 200.000 euros".

Las pequeñas y medianas empresas "son sin duda las más castigadas, junto a los autónomos con empleos indirectos relacionados con la construcción", apunta Ollero, quien señala como principales dificultades en el procedimiento concursal la refinanciación de créditos y la inversión del sujeto pasivo en el IVA de la venta de inmuebles. Las modificaciones legales han permitido que "ahora se pague este impuesto antes que los créditos contra la masa", que son los gastos que genera el concurso.

Una vez en el juzgado se encuentran con otro tipo de problemas. "El proceso es bueno, pero la saturación de asuntos hace que se retrasen las soluciones y esta demora provoca que no se llegue al convenio porque los acreedores se cansan de la situación".

A su juicio, "la Ley Concursal no cumple con las expectativas y las soluciones en el ámbito mercantil requieren mayor rapidez que las judiciales", subraya el abogado, "y si hoy en día se puede constituir una empresa en 24 horas, también debería haber celeridad a la hora de su cese de actividad".