Los indicadores de la crisis van saliendo poco a poco a la luz desde las distintas parcelas y la que corresponde a los juzgados se suma a la tendencia al alza. Un 32% han subido en el recién acabado 2011 las insolvencias dictadas por el juzgado de lo Mercantil de Córdoba. Los procesos concursales que han acabado en esta drástica medida pasaron de 34 en el 2010 a 45 en el año siguiente.

Estos datos los aporta la compañía de seguros Crédito y Caución, recogidos del Boletín Oficial del Estado (BOE), y de ellos se deduce que el sector de la construcción es uno de los que peor sale parado en esta estadística. El parón en las obras se traduce en 14 sociedades declaradas insolventes en el 2010 y 9 al año siguiente. Los sectores relacionados con el consumo, como la alimentación y distribución, van a la inversa del anterior; es decir, se ha incrementado su número de un año a otro.

La aseguradora apunta en su informe que "el acceso a la financiación bancaria de las empresas, que sigue siendo una de las principales causas de impago, insolvencia y concurso, aún no muestra síntomas de mejora" y añade que "la entrada en vigor de la reciente reforma de la Ley Concursal tampoco supondrá cambios en los niveles de concursalidad".

A falta de conocer las cifras del último trimestre del 2011, las empresas y particulares en situación de insolvencia que se declararon en concurso de acreedores --antiguas suspensión de pagos y quiebra-- aumentaron en Córdoba un 68,4% entre enero y septiembre, meses en los que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se declararon un total de 32 concursos, de los que 9 correspondían a particulares y el resto de empresas.

Este último dato, correspondiente a familias sin actividad empresarial que se acogen a este procedimiento judicial, es llamativo, ya que en el mismo periodo del año 2010 no hubo ni un solo caso en la provincia de Córdoba de los 19 concursos declarados.

En el conjunto del 2011 se han registrado en toda España cerca de 6.500 nuevos procesos concursales, y el crecimiento general de los niveles de insolvencia judicial se ha reproducido en todas las comunidades, salvo Aragón y Asturias.