Pensionistas y funcionarios podrán verse afectados por una rebaja del 5% en sus salarios si el plan de austeridad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue adelante. Las medidas anunciadas para reducir el déficit público pueden afectar a más de 123.210 cordobeses, de los que unos 74.660 son pensionistas y 48.550 funcionarios públicos. Además a esa cifra hay que añadir otros tantos altos cargos y los cargos públicos de la provincia. Según los datos facilitados por el Ministerio de Presidencia, la mayoría de estos funcionarios, 25.834, son empleos públicos de la Junta de Andalucía. Adscritos a los ayuntamientos y a la Diputación hay 11.980, mientras que 8.651 son los funcionarios del Estado. Además hay que sumar los 2.085 que trabajan en la Universidad de Córdoba.

En cuanto a los pensionistas cordobeses, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, 160.572 personas reciben una pensión. De ellas, el 38,5%, 61.827, no se verían afectadas por el recorte al percibir pensiones mínimas. A ese porcentaje hay que sumar un 15% más de las pensiones no contributivas que tampoco se verán afectadas por el recorte. El resto de los pensionistas cordobeses, alrededor del 46,5%, unos 74.665, sí verán mermados sus ingresos. La Subdelegación del Gobierno en Córdoba recordó, no obstante, que desde el año 2005 hasta ahora las pensiones han subido una media anual del 4,3%.

A LA ESPERA Las administraciones locales están a la espera de conocer la literalidad del Real Decreto para ver cómo se ajusta la medida en los casos particulares. El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Tejada, informó también de que la federación de municipios y provincias, la FEMP, se reunirá para abordar el asunto. Por su parte, la teniente alcalde de Vivienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba --donde hay 2.000 funcionarios--, Victoria Fernández, ha explicado que primero hay que estudiar el decreto para determinar "la proporcionalidad y linealidad". Fernández aclaró que "lo que venga por imperativo legal habrá que cumplirlo y lo que esté en manos del Ayuntamiento habrá que negociarlo en el seno del cogobierno y con los sindicatos". De la nómina de un empleado municipal hay factores como el sueldo, trienios y complementos de destino que los marca el Estado, pero otros como la productividad y los complementos especiales los fija el Ayuntamiento. El alcalde, Andrés Ocaña, manifestó su predisposición a la aplicación del recorte.