De "injusto, antieconómico e ineficaz" calificaron ayer las centrales sindicales el plan de ajuste presentado por José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusaron de "romper su compromiso social" con los sectores más débiles. Las medidas requieren, por tanto, un "masivo rechazo social" que está por ver si se traducirá en una huelga general en todo el país, cuyas posibilidades deben examinar ahora las cúpulas sindicales. Sí que coge fuerza la convocatoria de un paro total de funcionarios.
La intervención del presidente del Gobierno supone una "quiebra" y un "punto de inflexión" en las relaciones con los sindicatos, según las expresiones utilizadas por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, que este mediodía acudirán a la Moncloa, convocados por el jefe del Ejecutivo. Los líderes sindicales no esperan mucho del encuentro, más allá de que Zapatero les contextualice las razones para proceder a semejante ajuste. Ellos ya le adelantaron ayer, antes del pleno del Congreso, sus quejas.
"CREARA MAS PARO" Este ajuste a la griega pero sin plan de rescate, como se resume en medios sindicales, "ralentizará el crecimiento económico, destruirá más el tejido productivo, creará más desempleo y llevará a un empobrecimiento generalizado". La principal recriminación es que el coste de la salida de la crisis solo repercute en los trabajadores, sin que se tomen medidas como la lucha contra el fraude fiscal y la subida de impuestos para las rentas más altas.
EL DIALOGO, TOCADO El ajuste llega en "mal momento" para el diálogo social, según Toxo, porque "dificulta mucho" la negociación cuando el acuerdo se esperaba para los próximos días. La pregunta de los sindicatos es con qué recursos va a contar el Gobierno para defender sus propuestas de cambiar los contratos temporales por fijos y las medidas contra el desempleo juvenil y de larga duración.
Enseñantes, policías, militares y trabajadores de la sanidad pública clamaron contra el recorte de salarios y no descartaron movilizaciones. Tampoco el presidente del CSIF, mayoritario entre los funcionarios, Domingo Fernández, excluyó una huelga general en el sector con "serenidad" y "eficacia".
El principal reproche de los representantes del sector público es el del agravio comparativo porque los salarios ya son "bastante escasos, muy modestos", dijo Fernández. "Si nos dicen que se reducen en un 90% los asesores o los consejos de administración de las empresas públicas, a lo mejor empezamos a entender que nosotros tenemos que apretarnos el cinturón", subrayó en tono irónico.
