El empresario Rafael Gómez no es el único que tiene deudas con el Ayuntamiento. Hasta finales de noviembre, el Consistorio tiene contabilizados más de 1,7 millones de euros pendientes de cobro por sanciones urbanísticas. Esa cantidad proviene de 104 multas. A ese dinero hay que sumarle 352.000 euros por los intereses y 172.000 por los recargos de apremio. Las más antiguas son de expedientes de hace veinte años, concretamente de finales de los ochenta --hay ocho (8%) entre 1987 y 1989, notificadas entre finales de los ochenta y principios de los noventa--. Aunque las 23 más antiguas --todas anteriores al 2000-- no son de gran cuantía, generan unos intereses de 31.666 euros, mayores que las sanciones, que eran de 15.697 euros.

En los dos últimos años, el Ayuntamiento ha notificado a 25 infractores la entrada de sus expedientes en la vía ejecutiva. El resto son avisos anteriores al 2008. Estas 104 multas urbanísticas ya son firmes y, por lo tanto, se han liquidado para su cobro en la recaudación municipal. De esa lista se excluyen las sanciones que aún no han adquirido firmeza en la fase administrativa y, como consecuencia, no se pueden liquidar aún para exigir su abono. Son 104 sanciones que están en ese momento en el que el Ayuntamiento puede acudir al embargo de cuentas y salarios para recuperar el dinero, cosa que se complica cuando no hay bienes que embargar.

El delegado municipal de Hacienda, Alfonso Igualada, señala que la mayoría de las sanciones urbanísticas se deben a la construcción de casas sin licencia o a la ocupación de terrenos. Por su parte, el presidente de Urbanismo, Francisco Tejada, asegura que, además de en parcelaciones, se detectan irregularidades en polígonos y en edificaciones protegidas del casco histórico. Según Igualada, a pesar de que hasta el momento las arcas municipales no disponen de esos 1,7 millones, sus perspectivas son cobrarlos, ya que no es una cifra "disparatada".

La explicación para que se arrastren expedientes desde hace tanto tiempo está en los recursos contencioso-administrativos que se inician y paralizan el procedimiento hasta que se resuelven. "Hay muchos litigios", señala Tejada, que retrasan todo. Según Igualada, incluso se da algún caso de anulación cuando se comprueba en reiteradas ocasiones la imposibilidad de conseguir el dinero. Cobrar no es tan fácil. Basta mirar lo que se presupuesta anualmente y lo que se ingresa por sanciones urbanísticas. El año pasado solo un 5% de lo previsto. Este año se han presupuestado 6 millones.