Las empresas subcontratadas por Ploder Uicesa para acometer las obras de ampliación del aeropuerto de Córdoba reiniciarán los trabajos tras cobrar parte de los 1,8 millones de euros que se les adeuda por parte de la adjudicataria.
En un comunicado, las 16 empresas afectadas informaron de que, tras haber dejado de trabajar en el entorno del aeropuerto como medida de presión, comenzarán nuevamente después de que Ploder Uicesa haya dado una solución "parcial" a los compromisos adquiridos, quedando aún pendiente de documentar el resto de la deuda, puesto que hay algunas de las perjudicadas que aún no han recibido el pago de ninguna de las facturas.
Las subcontratas aseguraron que "este último aspecto es fundamental para la financiación de las empresas, que adeudan parte de las nóminas a sus empleados" y es que la cantidad pendiente alcanza los 1,2 millones de euros, la cual, según manifestaciones de la adjudicataria, quedará regularizada la próxima semana.
Las empresas ya anunciaron además la posible presentación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que afectaría a unos 350 trabajadores de las diferentes empresas, como consecuencia directa de los impagos.
AENA adjudicó en marzo del 2008 a la empresa Ploder Uicesa las obras para la ampliación de la pista. Esta firma ejecutará los trabajos por 21,8 millones de euros en un plazo de 19 meses. De esta forma, rebajó un 34,95 por ciento el presupuesto fijado en la licitación, 33,6 millones de euros, y en un mes el periodo previsto inicialmente para llevar a cabo las obras.
DERRIBO DE CASAS / Asimismo, AENA encargó en abril del 2009 a Ploder Uicesa todos los trabajos necesarios para el tratamiento de los terrenos que ocupará el nuevo aeropuerto, entre ellos los de más calado social, el derribo de 110 casas de las parcelaciones Llanos del Castillo, Fontanar de Quintos, La Altea, Guadalvalle y San Isidro de la Alameda.
La empresa adjudicataria disponía de un plazo de 32 meses para llevar a cabo todos los trabajos previstos, que consisten, además del derribo de casas, naves y de todo lo que haya edificado, en el vallado de las parcelas que deben ocuparse y en la anulación de los contratos de los servicios existentes, es decir, tomas de luz y agua, entre otros. Además, incluye la prospecciones arqueológicas que se harán en las zonas afectadas. El presupuesto de adjudicación fue de 3,3 millones de euros.
