Cinco líneas de texto colgadas en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) precipitaron, a partir del pasado 21 de abril, una decisión a la que Cajasur se ha resistido durante años y que supone, para la entidad fundadora, un paso más que doloroso. El 21 de abril, la agencia internacional de calificación financiera Fitch anuncia que ha revisado a la baja los ratings de deuda sénior, de deuda subordinada y de emisión viva de participaciones preferentes de Cajasur. A lo largo de los días y semanas siguientes la mayoría de las cajas y bancos españoles verían también revisada a la baja la confianza del mercado financiero, pero aquel día solo Caja Granada y Banco Popular acompañaron en el disgusto a la caja cordobesa, y en menor medida.
El golpe fue seguido de otro: la consultora Deloitte, que había hecho en marzo un informe favorable sobre las cuentas anuales de la caja, introduce el 28 de abril una salvedad basada en la comunicación de Fitch en la que señala que la nueva calificación crediticia tendrá su impacto en la capacidad de financiación y en los costes de la misma para la caja, por lo que aconseja "la adopción de medidas estructurales y de búsqueda y captación de instrumentos que garanticen la necesaria liquidez y solvencia, entre otros aspectos". La caja, que venía sufriendo las consecuencias del importante riesgo inmobiliario contraído, que ha ido reduciendo por indicación del Banco de España, sufre también un incremento de la morosidad superior a la media del sector. Las dificultades se suman y el Banco de España le plantea, según fuentes financieras, una doble posibilidad: obtiene fondos y aplica un plan de viabilidad y/o pone en marcha un proceso de fusión. Bajo las escandalosas campanas de la intervención de la Caja Castilla-La Mancha y con el morbo informativo que provocan las noticias de la llamada caja de la Iglesia, Cajasur entra en una vorágine de esfuerzos en varios frentes que le llevan a diseñar un plan de negocio basado en la austeridad, la contención de costes y la reestructuración interna al tiempo que recurre, según diversas fuentes no confirmadas por los dirigentes de la caja, a la estructura de la Iglesia católica en busca de esa financiación que finalmente no llega.
Se pone en marcha el plan B, y en mayo se produce un acercamiento a Caja Murcia, que confirma esos contactos y se muestra encantada con la iniciativa. Desde el Gobierno andaluz se responde de inmediato con el mensaje de que la Junta no alentará fusiones fuera de Andalucía salvo que la caja andaluza que las emprenda esté en posición dominante. La consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, se lo comunica a los presidentes de las cajas, y el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, se muestra más explícito ante la prensa: "La Junta no apoyará que una caja de fuera se trague a una andaluza". Por el contrario, sí defendió que se produzcan fusiones entre entidades de ahorro de Andalucía, pero siempre que se haga "de igual a igual", o que una de la región andaluza absorba a otra de fuera siempre que "la primacía se quede en Andalucía".
Al tiempo, se mantienen conversaciones informales con Unicaja, la principal entidad andaluza y la que mejor está soportando los efectos de la crisis. Cajasol, que preside el cordobés Antonio Pulido y que se había mostrado interesada, se da por descartada desde el propio Gobierno andaluz por considerar que acaba de salir de una fusión y debe fortalecerse. Caja Granada se remite al Pacto de Saray hecho con las instituciones para mantenerse en solitario, y la Caja de Jaén, la más pequeña de Andalucía, se muestra abierta a alianzas.
Los meses de mayo y junio transcurren en un infierno de rumores y de informaciones cruzadas. El 12 de junio, en la asamblea general de Cajasur, su presidente, Santiago Gómez Sierra, informa a los consejeros de que, en un marco de incertidumbre financiera que puede prolongarse, está manteniendo conversaciones informales con varias entidades españolas, como lo están haciendo todas. Nombra a Unicaja y a Caja Murcia, pero hay más. Sin embargo, insiste en el empeño que la entidad, de la mano de su director general, Antonio Barral, está poniendo en su plan de negocio, presentado ante el Banco de España a primeros de junio, y que ha dado frutos en este corto periodo tanto en contención del gasto como de la morosidad crediticia (que ha bajado cuatro décimas hasta junio, según se sabe extraoficialmente, al tiempo que la solvencia ha vuelto a situarse en el 10%).
Viaje a Roma
El mensaje ha sido el mismo hasta el último momento: la prioridad es el plan de negocio, que está dando frutos, pero subsiste la necesidad de liquidez. Santiago Gómez Sierra viaja a Roma con el administrador apostólico de Córdoba y arzobispo coadjutor de Sevilla, Juan José Asenjo (pergeñador, junto con el hoy presidente andaluz, José Antonio Griñán, del regreso de Cajasur a la tutela de la Junta), para exponer la situación de la caja. El 3 de julio se confirma oficialmente ese viaje con una escueta conclusión: la Santa Sede otorga a los patronos fundadores de Cajasur su "respaldo total" a cualquier decisión que adopten sobre el futuro de la caja. Es decir, autorizan a emprender procesos de fusión o a mantenerse en solitario.
Los contactos con Unicaja se intensifican y, entremedias, la entidad malagueña anuncia su acuerdo de fusión con la Caja de Jaén. Era el 13 de julio. Se alejan así los fantasmas que apuntaban a las supuestas prisas del presidente de Unicaja, Braulio Medel, por firmar una fusión que le permitiera continuar al frente de su entidad, en la que cumplía mandato. Ahora, con una alianza, el contador volverá
