José Ignacio Santaolalla no escatima adjetivos para describir la situación: alarmante, grave, difícil... "A largo plazo no nos queda otra que cerrar las residencias". La asociación andaluza de residencias y servicios de atención a los mayores (Lares) amenaza con cerrar los 25 centros que asesora en la provincia de Córdoba y que atienden a 3.500 personas por problemas financieros graves. Son más de la mitad de las residencias que hay en la provincia, que cuenta actualmente con 31 centros privados, 15 público-concertados y uno de titularidad íntegramente pública. Las residencias afectadas denuncian que el precio del concierto no cubre los costes reales de las plazas, que está entre 60 y 65 euros por persona y día, según Santaolalla. Este año, la Junta de Andalucía subvenciona a los centros con 47,21 euros por plaza. "La única solución --zanja-- es la subida de las tarifas".

La patronal argumenta que desde que en el año 1996 se hizo el primer concierto hasta ahora solo se ha revisado la tarifa con la subida del IPC, mientras que la adaptación a la nueva normativa ha obligado a los empresarios a aumentar los gastos. También dicen que los salarios sí se han actualizado. Entre 1997 y 2009, "ha habido un desfase de un 32%" entre los salarios y las tarifas. Con este panorama, los números no les salen porque dicen que entre el 70 y el 80% del coste se lo llevan los sueldos. Argumentan, además, que en el último convenio colectivo han pactado una subida del 0,7% por encima del IPC; y que en el 2010 y en el 2011 será del 2%. Su situación de desesperación ha llevado a los representantes de estos centros a dirigirse al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que los ha recibido esta semana. Por su parte, la Junta de Andalucía responde que solo este año invertirá 24 millones de euros en concierto de plazas en residencias de mayores en Córdoba y que su pretensión es siempre ir a más. De hecho, las plazas pasaron de 335 en el 2007 a 450 a finales del 2008, o sea, que se incrementaron un 34% en un año. "La prueba de que no está tan mal subvencionado es que no dejan de venir personas para concertar más plazas", afirma Silvia Cañero, delegada de Bienestar Social. Considera importante el esfuerzo inversor de la Administración andaluza y recuerda que a esos 24 millones hay que sumarle 6,2 para el mantenimiento de las plazas concertadas, 1,1 para respiro familiar y 2 millones del concierto. Cañero indica que actualmente se está negociando con el sector para actualizar los precios y que la pretensión de la Junta es apostar por ese yacimiento de empleo.