Pese a usar expresiones como "grave irresponsabilidad", "nuevo escándalo" y "nuevo revés judicial para el Ayuntamiento" y de relatar media docena de casos recientes en los que el Consistorio ha tenido fuertes varapalos por parte de los jueces, el portavoz del grupo municipal del PP, José Antonio Nieto, anunció que no pedirá por ahora dimisiones por la sentencia que cancela el expediente sancionador de 24,6 millones de euros contra Arenal 2000. Según dijo Nieto a la prensa, "la mayor responsabilidad que se puede pedir es que las cosas se hagan bien, y en este momento abrir una crisis municipal sería perjudicial para la ciudad", una "demostración de responsabilidad" por parte del grupo municipal popular, que "pone los intereses de la ciudad por encima de los del partido" ya que "no sería bueno generar ahora esa crisis" y eso a pesar de que sería "legítimo y electoralmente rentable".

El portavoz popular, minutos antes de comenzar el consejo de la Gerencia de Urbanismo en el que se acordó abrir un nuevo expediente sancionador a Arenal 2000, anunció que el PP exigirá que "en Córdoba quede garantizada la legalidad urbanística" y que no iba a permitir que las arcas municipales pierdan una cantidad tan significativa, contemplada parcialmente en los presupuestos de este año.

Nieto, en la sesión del consejo de la Gerencia de Urbanismo donde se abrió el nuevo expediente sancionador a la empresa de Rafael Gómez, reclamó que en todas las reuniones a partir de esta fecha se dé cuenta del estado de tramitación del expediente, que debe realizarse "con transparencia y profundidad".

Por su parte, el delegado de Vivienda y Ordenación Urbanística, Francisco García, pese a considerar "atrevido hablar de los trámites realizados", confió en que el Ayuntamiento pueda retomar el proceso sancionador y culmine el expediente preceptivo. Respecto al proceso, totalmente independiente, para redactar el plan especial de la Carretera de Palma del Río (el plan con el que se legalizarán la naves construidas en la antigua Colecor) García informó de que los técnicos de la Junta siguen colaborando con el Ayuntamiento, responsable de redactar el plan.

Particularmente críticos se mostraron los máximos responsables provinciales de UGT y CCOO, Jesús Comino y Rafael Rodríguez, respectivamente, que mostraron su extrañeza por la sentencia y reclamaron al Ayuntamiento más agilidad para evitar el agravio comparativo entre ciudadanos.