El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, volvió a aplicar ayer el dicho de que la mejor defensa es un buen ataque. No se amilanó ante la huelga de jueces y los datos optimistas de los convocantes. Todo lo contrario: retó en firme a este colectivo y anunció que llevará al Consejo de Ministros una ley que regule "el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos", desde la perspectiva de que un poder del Estado no puede ir a la huelga. Reiteró que el paro no está justificado, porque ese derecho no figura en el marco jurídico, a la vez que destacó que la "desproporción salta a la vista".
El ministro tiró la pelota sobre el tejado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al insistir en que, ante la protesta de ayer, el órgano de gobierno de los jueces deberá hacer su evaluación de quién ha ido a trabajar y quién no para tomar medidas, mientras él tomará las suyas. En este sentido, hace unos días la portavoz del consejo, Gabriela Bravo, dio a entender que podrían haber sanciones contra los huelguistas.
Bermejo recordó que, pese a que el CGPJ subrayó la ausencia de un marco legal para el paro, "hay un grupo de jueces" que ha decidido secundarlo, por lo que la reflexión sobre la necesidad de regular esta situación es "más urgente". El anuncio fue criticado por Marcelino Sexmero, de la Asociación Francisco de Victoria, quien afirmó que si el Gobierno legisla para prohibir la huelga, los magistrados analizarían si es constitucional.
