De momento, los promotores cordobeses se han tomado con calma las medidas auspiciadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno central para reconvertir viviendas libres en viviendas protegidas. De hecho, solo se ha solicitado oficialmente la reclasificación de 124 viviendas en toda la provincia, apenas el 3,5% del total de las andaluzas (3.523). El porcentaje cordobés es el penúltimo de Andalucía y notoriamente inferior al que suponen las 966 viviendas de Almería, las 844 en Jaén o las 658 en Málaga. La Junta aprobará esta misma semana la orden para la tramitación de estas reclasificaciones que persiguen, por un lado, dar salida a las viviendas libres que los promotores no consiguen vender; y por otro lado, ampliar la oferta de vivienda de protección oficial en la región. La orden desarrollará el Plan Concertado de Vivienda y Suelo y determinará desde la documentación que deben aportar las promotoras, a las ayudas que percibirán los compradores, pasando por los conciertos que se hagan con las entidades de crédito. En el último caso, la disposición transitoria quiere incluir los requisitos mínimos exigidos a los compradores para poder obtener una de estas viviendas.

La Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción, Fadeco-Promotores, actúa como mediadora entre la Consejería de Vivienda y los promotores para analizar la propuesta de conversión de las viviendas libres. Su gerente en Córdoba, Francisco Carmona, achacó ayer la escasa respuesta en la provincia a que "aquí no hay exceso de oferta de renta libre sin comprador, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias sobre todo del litoral", argumentó.

Desde luego, las previsiones de la Junta de Andalucía eran mucho más ambiciosas, ya que esperaban reconvertir las 75.000 casas de renta libre que sus promotores no han logrado vender desde finales de 2005, según ha explicado en más de una ocasión el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Es lógico pensar que no a todos los promotores les interesa esta reconversión. Quizá sea más atractiva para los pequeños y medianos empresarios que han solicitado créditos para llevar a cabo sus operaciones y ahora, ante la situación del mercado, pueden perderlo todo. Para Francisco Carmona hay otras vías más interesantes para los promotores como el alquiler con opción a compra, el arrendamiento o el ajuste de márgenes: y también para los compradores "que se benefician con una disminución del precio, pero tienen limitadas las ayudas", explicó.

El precio máximo para una VPO en Andalucía se tiene que mantener por debajo de los 174.000 euros. La Junta considera, por lo tanto, que aquellos emprendedores que tienen puestas a la venta sus promociones entre 210.000 y 230.000 euros en el mercado libre, pueden considerar interesante este cambio rebajando el precio un 30%.