La policía vio "intereses ocultos" en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Oscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca. Las supuestas irregularidades cometidas en esta operación inmobiliaria de Estepona se analizaban en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recogido en el sumario del ´caso Malaya´ contra la corrupción en Marbella. El acuerdo, relativo a la venta de aprovechamientos urbanísticos en la zona de Bahía de Estepona, fue suscrito por el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) con el apoderado de Inmobiliaria Eridano, Julio Blasco, que está imputado en el ´caso Malaya´, el 14 de noviembre de 2005, y aprobado en pleno el 24 de febrero de 2006. El Ayuntamiento vendió el 90% de la parcela a 757,1 euros el metro cuadrado y el 10% restante a 831,3 euros, según la valoración efectuada por los técnicos adscritos al departamento de Urbanismo. Los investigadores observaron un "desfase" en la valoración referida a unos 2.300 metros con la que se fijaba en un contrato privado suscrito entre Inmobiliaria Eridano y Atriz Gestión Inmobiliaria, que cifró en 2.085 euros cada metro cuadrado edificable. Por ello, la policía dedujo la "existencia de intereses ocultos" y se preguntó por qué no adquirió el terreno directamente Atriz Gestión Inmobiliaria y negoció con el Ayuntamiento de Estepona de forma directa la adquisición de derechos.