El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el anteproyecto de ley de creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que cuenta con el consenso de los empresarios y los sindicatos, con el objetivo de que pueda ser aprobado por el Parlamento a lo largo del presente año 2006, para lo que el titular de Empleo, Antonio Fernández, apeló a la "sensibilidad" de los grupos para acelerar su tramitación. Fernández explicó que el futuro instituto, que tendrá su sede en Sevilla, contará con un presupuesto anual de 4,8 millones de euros una vez que se ponga en funcionamiento.
El consejero expresó su satisfacción por la aprobación de este organismo, que se encargará de fomentar la cultura de la prevención laboral, y atribuyó los años de retraso que acumula su puesta en marcha a la necesidad de alcanzar el consenso social que requiere este tipo de medidas para garantizar su "eficacia".
El instituto, que parte de la premisa "tolerancia cero a la siniestralidad" y es fruto de los acuerdos de concertación social, tendrá como funciones la realización de estudios y análisis sobre seguridad, salud, siniestralidad y enfermedades profesionales; la organización de actividades formativas y de campañas de difusión; la creación de foros de encuentro y el asesoramiento directo a los sectores productivos.
El instituto contará con tres órganos de gobierno (la presidencia, el consejo general y la dirección gerencia) y un órgano de asesoramiento denominado Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. La presidencia estará ocupada por el titular de la Consejería de Empleo.
Fernández señaló que esta iniciativa se enmarca en el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales 2003-2008, cuya dotación alcanza 65,8 millones, e incluye medidas como incentivos a la contratación de técnicos de prevención de riesgos, la realización de programas específicos en empresas y sectores especialmente afectados por los accidentes laborales, y la incorporación de los criterios de prevención a los planes de la Inspección de Trabajo. A este respecto destacó la designación de un fiscal especializado en seguridad laboral para cada provincia (en colaboración con la Fiscalía General del Estado) y apuntó que en 2005 se abrieron más de 110 diligencias en el ámbito penal para perseguir actuaciones empresariales que puedan constituir delito.
