¿Amenaza tecnológica?
España y Alemania lideran la oposición al plan europeo de prohibir los equipos de la china Huawei
La Comisión Europea ha recomendado a los 27 vetar el uso de tecnologías del gigante chino, un proveedor al que acusa de suponer un "alto riesgo" para la seguridad y de amenazar con abrir una puerta trasera al ciberespionaje

Sánchez conversa con Merz y Von der Leyen tras los roces por la guerra de Irán / MWC
Ninguna empresa despierta más recelos en Bruselas que Huawei. Desde el año 2020, la Comisión Europea insiste en acusar al gigante chino de las telecomunicaciones de suponer un "alto riesgo" para la ciberseguridad y en pedir a los 27 que excluyan su tecnología de sus redes 5G. Algunos países lo han hecho. Sin embargo, España lidera la oposición a unas recomendaciones que pronto podrían convertirse en una obligación que tensaría las ya complejas relaciones con China.
Atrapada en una guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y el gigante de Asia, la Unión Europea trata de bascular para encontrar su sitio. Sin embargo, los distintos intereses nacionales que anidan en el club comunitario dificultan los consensos. Eso explica la división interna en torno a la polémica con Huawei, a las que acusan de ser un caballo de Troya al servicio del régimen de Xi Jinping. La compañía ha negado reiteradamente esa caracterización.
Ahora, el Ejecutivo comunitario presidido por Ursula von der Leyen busca coser esa herida con una revisión de la Ley de Ciberseguridad para incluir los riesgos de influencia de naciones extranjeras que pondría a Pekín en la diana y abriría la puerta a que las advertencias de la Comisión fueran legalmente vinculantes en toda la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. / Archivo
Oposición al veto
Ningún gran país europeo exhibe actualmente mayor sintonía con China que España. El Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado su acercamiento a Pekín, abriendo cada vez más las puertas de su país a la inversión china. Actualmente, el país cuenta con dos contratos públicos que, de forma indirecta, incluyen material de la firma de Szhenzen, uno de ellos en Catalunya. Un tercero, de 10 millones de euros y adjudicado a Telefónica, fue revocado el pasado verano por "criterios de soberanía española".
España no es el único país que aboga porque sean los Estados miembros quienes decidan sobre sus infraestructuras y sobre si un proveedor como Huawei o la también china ZTE presentan riesgos. Según Bloomberg, Alemania colidera esa oposición a las intenciones de Bruselas a pesar de que hay desacuerdos dentro de la coalición que encabeza el canciller Friedrich Merz. Aun así, Berlín acordó en 2024 excluir los componentes críticos de ambas marcas del núcleo de sus redes 5G antes de que termine el año y de otras redes de acceso y transporte antes de finales de 2029.
Otros Estados miembros están haciendo caso omiso de las recomendaciones de la Comisión: tan solo 13 de los 27 han tomado medidas al respecto, según fuentes comunitarias citadas por South China Morning Post. Entre ellos, Hungría. Esa negativa puede deberse a motivos variopintos, entre ellos los económicos. Y es que, para reemplazar los componentes de Huawei, las empresas de telefonía móvil tendrán que destinar una inversión de entre 3.400 y 4.300 millones de euros a lo largo de los próximos tres años, según cálculos de Bruselas.

'Stand' de Huawei en el MWC 2026. / Zowy Voeten
Alud de vetos
Algunos países han adoptado medidas explícitas para prohibir el uso de tecnología de Huawei. Es el caso de Suecia, ya en 2020, o Rumanía y Estonia, que introdujeron modificaciones en su legislación nacional en 2021. Otros como Francia, Lituania o Portugal aplicaron restricciones menos directas que pueden producir el mismo efecto, estableciendo licencias o condiciones que, a la práctica, fuerzan la retirada progresiva de los componentes de la firma china. Italia no ha instaurado una prohibición general, pero se reserva el derecho a veto caso por caso. Finlandia pretende ampliar próximamente el veto reducido que adoptó hace cinco años.
Los partidarios de una prohibición general tienen motivos para el optimismo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en marzo que la Comisión puede pasar por encima de los Estados miembros para adoptar esa prohibición sin necesidad de indemnizar a los operadores de telecomunicaciones por el coste de sustituir los equipos de Huawei.
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