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Regularización de migrantes: Las ONG emiten los certificados de vulnerabilidad que los ayuntamientos bloquean

Las entidades colaboradoras en el proceso de regularización de migrantes denuncian el "colapso" que conlleva que los ayuntamientos les deriven a persoans que necesitan el certificado de vulnerabilidad para presentar su expediente

Valencia Acoge atiende a varias personas en su sede de València.

Valencia Acoge atiende a varias personas en su sede de València. / F. Calabuig.

València

Las ONG que decidieron registrarse como "entidades colaboradoras" para el proceso extraordinario de regularización de migrantes sabían que detrás de esta decisión había trabajo y ganas de colaborar de forma altruista. Lo que no había era ni dinero ni recursos externos. Por eso, no son muchas las entidades registradas para poder presentar los expedientes telemáticos y emitir el certificado de vulnerabilidad. De hecho, de las entidades sin ánimo de lucro que pueden expedir el certificado de vulnerabilidad y tramitar el expediente de regularización en España solo hay 23 en la Comunitat Valenciana. Y están totalmente saturadas.

Desde las entidades sociales exigen a los ayuntamientos que empiecen a "tramitar" los expedientes de vulnerabilidad ya que "muchos no lo están haciendo y nos derivan a estas personas. Se está generando un cuello de botella con este tema y necesitamos que los ayuntamientos con más músculo, como el Ayuntamiento de València o de Elx, tramiten ya. Hay otros ayuntamientos muchos más pequeños, como el de Buñol, que nos ha propuesto incluso un convenio de colaboración para ayudarles u otros, como el de Paiporta, donde solo hay una persona que el primer día ya recibió 300 solicitudes", explican desde Jovesólides.

El Ayuntamiento de València, por su parte, aún no ha emitido certificado alguno de vulnerabilidad. Desde el Centro de Atención a la Inmigración (CAI) derivan a migrantes en situación irregular a un albergue ubicado en Aldaia (Fundación Cides) con 600 plazas. Sin embargo, desde allí aseguran que "tantos son los problemas que nos ponen para tramitarles el certificado de vulnerabilidad en el Ayuntamiento de Aldaia" que han acabado tramitándolo en Amigos de la calle, otra entidad colaboradora que está en València. "Desde el CAI del Ayuntamiento de València nos derivan a estas personas migrantes que viven en la calle y ahora que hay posibilidad de tramitarles la documentación no tenemos ayuda de la Administración. Ni de la de València ni de la de Aldaia", explican desde el centro.

Papeles que caducan y un plazo limitado

Desde València Acoge explican que el mayor problema con el que se están encontrando es que "la mayoría de gente ha solicitado los antecedentes penales y tienen una fecha de caducidad y la gente está desesperada por tener su certificado de vulnerabilidad porque le vencen los penales y se quedan fuera del proceso. Hoy hemos tenido más de 300 personas en la puerta y el principal escollo es el certificado de vulnerabilidad".

Kolectivo Jóvenes Parke trabaja en Alfafar y destaca la importancia de un voluntariado "imprescindible para la cantidad de trabajo que estamos teniendo". "Aunque solo sea para escanear la documentación porque los ayuntamientos no están haciendo o que deberían, las entidades sociales más grandes como Cruz Roja ni tan siquiera se han presentado para ayudar en este proceso y las entidades pequeñas estamos desbordadas. Es una oportunidad única y la vamos a aprovechar. Estamos ayudando en todo lo que podemos, a horarios máximos y sin parar de trabajar".

El ministerio pide "la máxima colaboración"

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, le ha pedido "máxima colaboración" a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ambas partes se han emplazado a firmar un convenio que entre otras cosas facilitará la cooperación técnica y el flujo de información, "para mejorar la capacidad de actuación" en todo el territorio nacional.

Por otra parte, ha recordado que en esta regularización extraordinaria juegan un papel fundamental el Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Extranjería (RECEX) en aspectos como la acreditación de la situación de vulnerabilidad "para reducir posibles cargas administrativas" por parte de los ayuntamientos.

Tras la primera semana desde que comenzara el procedimiento, se han presentado más de 130.000 solicitudes sumando la vía presencial y telemática. Además, se han asignado 55.000 citas hasta el 30 de abril.

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