Violación de las leyes
La Comisión Europea acusa a las webs de pornografía Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos de no proteger a los menores
El Ejecutivo comunitario dictamina que las cuatro páginas web para adultos han infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) y las amenaza con multas multimillonarias de hasta el 6% de su volumen de negocio mundial

Bruselas urge a PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos a implantar controles para menores / Archivo
La Comisión Europea ha acusado a los portales pornográficos Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos de violar las leyes comunitarias al no proteger a los menores de la exposición a sus contenidos.
La investigación del Ejecutivo comunitario ha concluido de forma preliminar que las páginas web han infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no aplicar medidas eficaces como sistemas de verificación de edad para evitar que puedan acceder a vídeos porno.
Los cuatro portales indican que sus servicios están destinados exclusivamente a adultos, pero aun así permiten su acceso con un simple clic en el que los usuarios confirman que tienen 18 años o más. Las medidas adoptadas son, según Bruselas, insuficientes e ineficaces. Por eso, exige que se apliquen medidas para verificar la edad de los internautas que respeten su privacidad.
Mala evaluación de riesgos
El Gobierno de la Unión Europea también acusa a Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos de no evaluar ni identificar "de forma exhaustiva" los riesgos que sus plataformas representan para los internautas menores de edad que las visitan. Su estudio asegura que esos sitios de pornografía hicieron un análisis centrado principalmente en el impacto en su negocio en lugar de poner el foco en los riesgos sociales que ese contenido sexual entraña para los derechos de los niños y las niñas.
Además, las culpa de "tergiversar o no tener en cuenta" las reuniones que mantuvieron con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la protección de los menores.
Por esa razón, la Comisión las amenaza con la imposición de multas millonarias que no podrán superar el 6% de su volumen de negocio mundial y de medidas de coerción para que acaten lo que establecen las leyes europeas.
Sus conclusiones no son definitivas y "no prejuzgan el resultado final de la investigación".
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