Condenado a cadena perpetua el expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol por su breve Ley Marcial

Una vida en la cárcel por seis enloquecidas horas. El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol ha sido condenado a cadena perpetua por aquel autogolpe de diciembre de 2024 en el que envió el Ejército a secuestrar al Parlamento y devolvió al país a los brumosos tiempos dictatoriales. Razona la sentencia de la Corte Central de Seúl que es culpable de insurrección, un delito que escapa a la inmunidad presidencial, por movilizar a militares y policías en un intento ilegal de tomar por la fuerza la Asamblea Nacional, arrestar a los representantes políticos y establecer un poder sin control "durante un tiempo considerable".

"La declaración de la Ley Marcial provocó unos enormes costes sociales y es difícil encontrar un indicio de arrepentimiento en el acusado", ha afirmado el magistrado. Es seguro que Yoon apelará un fallo que no es el peor posible. El fiscal especial había pedido la pena de muerte aludiendo a la seria amenaza que supuso su ley marcial para la democracia surcoreana. El país, en cualquier caso, no ha practicado ejecuciones en 30 años y se espera que la moratoria oficiosa desemboque en la abolición.

Cientos de policías habían sido destinados al complejo judicial para controlar a los fieles del político conservador que ha pasado los últimos meses en arresto domiciliario. Yoon fue expulsado de la presidencia semanas después de aquel despropósito en un proceso de impeachment parlamentario y en abril del siguiente año fue destituido formalmente por el Tribunal Constitucional. El mes pasado ya fue condenado a cinco años de cárcel por resistirse al arresto e ignorar las órdenes judiciales. La justicia surcoreana también ha perseguido a otros miembros de su Gobierno. El exprimer ministro, Han Duck-soo, recibió una pena de 23 años por intentar legitimar el decreto de Yoon en una reunión del Gabinete, falsificar pruebas y perjurio. El exministro del Interior, Lee Sang-min, fue condenado a siete años, y el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, a 30 años, ambos por su complicidad en la insurrección.

Un presidente desesperado

Corea del Sur ha enterrado así el episodio más inaudito y oprobioso en cuatro décadas de democracia. Yoon se sentía acorralado en aquel invierno. Los escándalos de corrupción de su formación y la costumbre de su esposa a aceptar regalos habían hundido su aceptación popular hasta el 19 %. El líder del Partido del Poder del Pueblo recibía varapalos cotidianos de la mayoría liberal parlamentaria y la aprobación de un presupuesto reducidísimo que, en su opinión, abocaba al país al bloqueo, agotó su paciencia.

En ese cuadro de desesperación tomó una decisión que los surcoreanos asociaron a unos tiempos felizmente enterrados. El 3 de diciembre anunció en la televisión la ley marcial justificándola en una fantasmagórica confabulación de los progresistas con fuerzas norcoreanas para hundir el país. Lo hizo, explicó, para "prevenir el colapso de la democracia liberal" y luchar contra la "dictadura del parlamento".

El envío de los militares al Parlamento obligó a algunos diputados a saltar las verjas para entrar y conseguir el quorum necesario con el que seis horas más tarde fue anulada por unanimidad la Ley Marcial. Aquel decreto, sentenció la justicia después , era inconstitucional porque no concurrían las condiciones de una "grave crisis nacional" que la legitimaban. La investigación reveló la magnitud de la tropelía: Yoon había ordenado la detención del líder de la oposición, Lee Jae-myung, del presidente del Parlamento, Woo Won-shik, y hasta del líder de su propio partido, Han Dong-hoon.

"Conspiración"

Yoon ha mantenido su inocencia en un proceso que ha descrito como una "conspiración política". Ha repetido que nunca quiso dinamitar el sistema democrático sino advertir a la ciudadanía de la presunta "dictadura parlamentaria". Sus abogados han aludido a los militares desarmados y a la ausencia de disturbios y heridos. No es raro que influyentes voces de la extrema derecha propaguen en las redes sociales teorías conspirativas parecidas o denuncien sin pruebas amaños electorales.

Es un final paradójico para un político que llegó de la Fiscalía y se ganó su reputación de tipo duro en su causa contra Park Geun-hye, también presidenta, expulsada por un impeachment y condenada a 32 años de cárcel. Existe una acreditada pulsión surcoreana a enchironar a sus líderes: los dictadores Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo fueron condenados a muerte y 23 años, respectivamente. Y también a perdonarlos: lo fueron Park y los dos anteriores. Esa es la única esperanza de Yoon.

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