Bolsonaro ingresará en prisión antes de que concluya el año, pero sus abogados intentarán que cumpla la pena en su domicilio

Brasil es otro desde este viernes por la excepcionalidad de los hechos políticos y judiciales: Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar una "organización criminal" que intentó perpetuarse en el poder. La gran pregunta de los brasileños por estas horas tiene que ver con el momento en que el expresidente comenzará a cumplir su sentencia en un régimen cerrado. De acuerdo con el diario paulista 'Folha', los integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) piensan que el máximo plazo para que eso suceda es diciembre. "Esto podría ocurrir antes, en octubre o noviembre, dependiendo del tiempo que tarde el tribunal en analizar los recursos de la defensa y cerrar el proceso".

El excapitán del Ejército se encuentra bajo arresto domiciliario, y solo entrará a una cárcel cuando a sus abogados se le agoten los recursos ante el STF para aclarar posibles omisiones o errores en el dictamen. Siempre según 'Folha', la publicación de la sentencia puede tardar unos 35 días. Los letrados que asisten a Bolsonaro tendrían cinco días más para hacer sus gestiones. Ese plazo podría duplicarse.

En principio se perfilan tres escenarios para el cumplimiento de la pena: la Superintendencia de la Policía Federal (PF) en Brasilia, una celda especial en el Centro Penitenciario de Papuda, también en la capital brasileña, y un cuartel del Ejército. La última posibilidad es considerada remota por los miembros del STF, entre otras razones por los problemas políticos que traerían en la relación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas.

Los militares

Los abogados de Bolsonaro intentarán que la condena sea cumplida en su casa dada la edad, 70 años, y, en especial, una salud frágil derivada del ataque con cuchillo que sufrió en 2018. La última palabra la tendrá Alexandre de Moraes, el integrante del STF que se desempeñó como relator del juicio y que es profundamente odiado por el bolsonarismo, al punto de que el hijo del exmandatario, Eduardo Bolsonaro, promovió en Washington que se convirtiera en blanco de una sanción de la administración de Donald Trump. Por lo pronto, De Moraes se apresuró en remarcar que a lo largo de este proceso sin precedentes ha mantenido una muy buena relación con las instituciones castrenses. "Me gustaría renovar mi admiración y aprecio por las Fuerzas Armadas", dijo y recordó que a lo largo del juicio "contamos con todo el apoyo institucional de los comandantes", el general Tomás Paiva (Ejército), el almirante Marcos Olsen (Marina) y al teniente brigadier Marcelo Damasceno (Aeronáutica). "Todos siempre han destacado lo mismo: no debemos confundir a las Fuerzas Armadas con miembros de las Fuerzas Armadas que eventualmente se han desvirtuado". Los uniformados también deben enfrentarse al Tribunal Superior Militar (STM), incluso Bolsonaro, en su calidad de excapitán.

Según el diario carioca 'O Globo', el STF abrió la posibilidad de que los condenados permanezcan encarcelados hasta seis años, "antes de pasar a regímenes penitenciarios más leves" como el paso de una prisión integral a un régimen semiabierto "en el que es posible trabajar fuera de la cárcel durante el día", y luego un sistema que le permita al condenado pasar la noche en su propia casa. Esos cambios, recordó 'O Globo', citando a especialistas, dependen del tiempo de cumplimiento de la condena. La legislación exige, como mínimo, el 16% (una sexta parte) de su concreción antes de ser objeto de beneficios.

El trasfondo político

La condena a Bolsonaro es, además, un hecho político de primer orden, incluso para el clan familiar y sus seguidores que hablan de una "persecución". Míriam Leitão, una columnista estrella de 'O Globo' que fue víctima de la última dictadura militar (1964-85), recordó al respecto la trascendencia del paso que dio el STF y que se resume en unas palabras de la jueza Cármen Lúcia, quien al fundamentar el voto contra los conjurados dijo: "en esta acción late el Brasil que me duele". El prolongado régimen castrense impuso los ritmos de la transición democrática, blindó a los responsables de delitos represivos e incluso se opuso al funcionamiento de una Comisión de la Verdad. "En la historia de la República, el poder militar siempre ha tutelado al poder civil, ya sea gobernándolo directamente, amenazándolo o intentando un golpe de Estado. Carmen Lucía, sin embargo, destacó que no se trataba de un voto que miraba al pasado, sino 'el encuentro entre el pasado, el presente y el futuro'. Porque en el presente afrontamos esta realidad de manera diferente, en lugar de fingir que nada ha pasado, se está castigando a quienes intentaron incumplir la Constitución". Destacó en ese sentido que no solo Bolsonaro deberá cumplir su pena sino tres generales, uno de ellos de cuatro estrellas, la máxima distinción, sino el jefe de la Armada que decidió plegarse a la aventura en 2022.

El STF no habría llegado a un dictamen de esta naturaleza sin la delación del teniente coronel, Mauro Cid, asistente personal de Bolsonaro y responsable de abrir una caja de siete llaves que permitió a los investigadores adentrarse en la naturaleza de una conjura que llegó a contemplar el asesinato de Luiz Inácio Lula da Silva y De Morales. Cid ha sido condenado a dos años de régimen abierto y, de acuerdo con Bela Megale, el beneficio "generó revuelo e indignación entre los aliados y familiares" de los acusados. "¡Felicidades por lo que has hecho en la historia de Brasil, Mauro Cid! ", ironizó el concejal Carlos Bolsonaro.

En este contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta anunció que cumplirá la decisión del STF para que el diputado Alexandre Ramagem, condenado por su condición de jefe de los espías del Gobierno de ultraderecha, sea separado de la legislatura. Nada puede permanecer en el mismo lugar después de la sentencia del 11 de septiembre. Tampoco lo será la relación de Brasil con Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha salido a respaldar a Bolsonaro, lo que abre la posibilidad para nuevas sanciones al gigante sudamericano. La imposición de aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas no fueron otra cosa que la primera medida en esa dirección. Resta saber si la ultraderecha se movilizará en las calles o trata de impulsar la anmistía en el Congreso. El Gobierno, por lo pronto, se prepara para enfrentar ese escenario.

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