Meloni, investigada por la repatriación de un fugitivo libio buscado por La Haya

La decisión de liberar a un miliciano libio buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) y acusado de torturar a migrantes, podría costarle caro a Giorgia Meloni. La propia primera ministra italiana ha informado este martes de que ha sido notificada de una investigación en su contra por la puesta en libertad de Osama al Masri, el también jefe de la policía judicial del Gobierno de Unidad Nacional de Libia. 

El caso de al Masri suscitó hace una semana conmoción en Italia después de que el fugitivo libio fuera primero arrestado en Turín por las autoridades italianas, luego puesto en libertad —por un supuesto error de procedimiento— y posteriormente trasladado en un avión de los servicios secretos transalpinos hasta Libia. Unas circunstancias oscuras por las que Meloni ha acabado en la mira de la Fiscalía de Roma, junto con los ministros de Justicia e Interior, Carlo Nordio y Matteo Piantedosi, y el subsecretario de la Presidencia del Consejo de los Ministros, Alfredo Mantovano, que también figuran como investigados. 

El objetivo de la justicia sería aclarar si los investigados incurrieron en los delitos de encubrimiento y malversación. La información también llega después de que el propio CPI criticara duramente el comportamiento de las autoridades italianas. De hecho, el propio tribunal pidió “explicaciones” a Italia por poner “sin previo aviso” al fugitivo en libertad.

Ataque al CPI

La circunstancia ha suscitado un mar de críticas en Italia y ha alimentado las sospechas de que Meloni podría ayudado a al Masri a huir de la justicia internacional también porque el Gobierno italiano apoya al Gobierno de Unidad Nacional de Libia, uno de los dos que operan en el país, y ha firmado con sus autoridades controvertidos acuerdos para frenar las salidas de migrantes desde sus costas. Acuerdos que, según observadores y diversas oenegés, podrían estar contribuyendo a las violaciones de derechos humanos documentadas que se cometen en Libia contra los migrantes.

Meloni ha reaccionado con ira. Arremetió contra Francesco Lo Voi, el fiscal encargado de la investigación, y sugirió que probablemente sus pesquisas están relacionadas con una denuncia presentada por el abogado Luigi Li Gotti, quien, según insistió la primera ministra, estaría vinculado al exprimer ministro progresista Romano Prodi. "Digo hoy lo que decía ayer: no permitiré que me extorsionen ni me dejaré intimidar", ha dicho. 

Más aún, la política ultraderechista también dejó caer un reproche contra la propia CPI, con argumentos ya avanzados en los pasados días por sus colaboradores. Eso es, que el organismo habría emitido a propósito la orden de arresto solo cuando el libio entró en Italia y no durante los 12 días anteriores que transcurrió en otros países europeos. También sostuvo que La Haya no habría enviado su orden al Ministerio de Justicia italiano, tal como prevé el protocolo, por lo que el Tribunal de Apelación de Roma habría tomado la decisión de no convalidar la petición del organismo.

Esta orden de arresto se emitió en el contexto de la investigación abierta por la fiscalía de la CPI en marzo de 2011 y hay otras siete órdenes de arresto pendientes, incluido una contra Saif al Islam, hijo del fallecido dictador libio Muammar Gadafi.