Acusaciones de "extremismo"
Rusia ilegaliza el movimiento ultraizquierdista y grupo punk Antisocial Distancing
Los miembros del colectivo se exponen a penas de entre 15 a 20 años de cárcel si continúan con sus actividades
![El presidente de Rusia, Vladimir Putin](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/db528d98-b7cd-4808-9a38-0a96d2c4e7ba_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin / Europa Press/Contacto/Russian President/Kremlin Po
Efe
Un tribunal ruso declaró extremista e ilegalizó al movimiento ultraizquierdista Antisocial Distancing, agrupado en torno al grupo de rock punk homónimo creado en la ciudad de Kaluga, unos 200 kilómetros al sur de Moscú.
Según informó el medio local Kaluganews.ru, la organización fue creada en 2010 por tres jóvenes de izquierda radical que se autodefinían como anarquistas y antifascistas, y promovían protestas, motines y "otras acciones destructivas dirigidas contra los cimientos del poder estatal y el orden".
El tribunal urbano de Kaluga tomó la correspondiente decisión la víspera, según informaron medios locales. Con el fin de buscar adeptos entre los jóvenes y sumar apoyos, crearon en 2021 el grupo punk Antisocial Distancing, que promovía la lucha armada contra las autoridades, por lo cual tres canciones de la agrupación fueron incluidas en la lista de materiales extremistas del Ministerio de Justicia de Rusia.
Los integrantes del grupo, que lograron reunir una veintena de adeptos, publicaron en diversas ocasiones tanto temas aislados como discos enteros en la red con llamados a poner fin a la guerra en Ucrania.
En particular, el grupo destacaba la figura del anarquista ruso Mijaíl Zlobitski, quien perpetró un atentado suicida con bomba contra la sede del Servicio Federal de Seguridad de Rusia en la región de Arcángel, en el noroeste del país.
Anteriormente, las autoridades rusas habían procesado por extremismo y enaltecimiento del terrorismo a cuatro integrantes de Antisocial Distancing, pero a partir de la ilegalización del movimiento, cualquier actividad vinculada a este podría conllevar a condenas de entre 15 y 20 años de privación de libertad.
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