Derechos humanos
La ONU calcula que al menos 900 personas habrían sido ejecutadas en Irán en 2024
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte de que es preocupante el aumento de personas ajusticiadas cada año en el país persa
Agencias
Al menos 901 personas habrían sido ejecutadas en Irán durante el año 2024, incluyendo unas cuarenta en una sola semana en diciembre, denunció el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk.
"Es muy preocupante constatar que el número de personas ejecutadas en Irán aumenta cada año", dijo Türk en un comunicando, añadiendo que "es tiempo de que Irán ponga fin a esta ola de ejecuciones". Para establecer una comparación, en 2023, las autoridades iraníes ejecutaron a 853 personas.
Según la ONU, la mayoría de personas ejecutadas en 2024 fueron condenadas a la pena capital por infracciones relacionadas con drogas, pero también fueron ejecutados disidentes y manifestantes que participaron en las protestas de 2022-2023. Naciones Unidas señaló asimismo un aumento del número de mujeres ejecutadas.
Récord de mujeres
Según Iran Human Rights, al menos 31 mujeres fueron ejecutadas en Irán en 2024, un récord desde que esta oenegé con sede en Noruega comenzó a documentar en 2008 la aplicación de la pena de muerte en la república islámica.
De acuerdo a varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, Irán es el país que más usa la pena de muerte, sin contar China, país del que no se dispone de cifras.
En Irán se aplica la ley del talión, conocida como 'qisas', que estipula que un asesinato debe "pagarse" con la pérdida de otra vida, a menos que la familia de la víctima perdone o acepte una compensación.
"Nos oponemos a la pena de muerte en cualquier circunstancia", señaló Türk. "Es incompatible con el derecho fundamental a la vida y presenta el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes", añadió. Unos 170 países han abolido o introducido una suspensión de la pena de muerte, según la ONU.
Los defensores de los derechos humanos sospechan que las autoridades iraníes están utilizando la pena capital para infundir miedo en la sociedad, especialmente tras las protestas que sacudieron al régimen en 2022 y 2023.
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