Nicolas Sarkozy, de nuevo ante la justicia por la supuesta financiación libia de su campaña de 2007

Nicolas Sarkozy no ha empezado con buen pie este 2025. El expresidente de Francia vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados este lunes 6 de enero; en este caso, por la supuesta financiación de Libia de su campaña presidencial de 2007.

De entre los procesos que tiene abiertos, este es el que más preocupa a Sarkozy, ya que se le acusa de haber firmado "un pacto de corrupción" en 2005 con el dictador Muammar Gadafi, a cambio de financiación y de "facilitar el regreso del dictador a la escena internacional" durante los siguientes años. A su llegada al Tribunal de París, con un semblante serio, no ha querido hacer ninguna declaración ante el centenar de periodistas que le esperaban a las puertas de la sala.

En este caso, la justicia no solo toma como pruebas la dudosa financiación de su campaña por parte de Libia, también los posteriores viajes del jefe del Estado francés entre 2005 y 2007 a Trípoli, donde se cree que se selló el acuerdo, y los regalos ofrecidos por el dictador como muestra de la estrecha relación entre ambos dirigentes. Además de las declaraciones del empresario francolibanés Ziad Takkiedine, quien afirmó tener pruebas de estas transacciones económicas y de haber entregado, durante esos años, tres maletas con billetes al Ministerio del Interior, en aquel momento liderado por Sarkozy.

Trece años después de que el medio francés Mediapart destapase el caso, y tras 10 años de investigación, el expresidente se enfrentará hasta el próximo 10 de abril al juicio por los presuntos delitos de "corrupción, encubrimiento de malversación de fondos públicos, financiación ilegal de campaña electoral y conspiración criminal". 

Pulsera electrónica

Al igual que en el resto de casos, el exjefe del Estado rechaza por completo las acusaciones, y su entorno ha declarado para varios medios franceses que "comparecerá determinado" en este nuevo proceso. "Estoy convencido de su inocencia (...) Tengo una gran confianza en él", afirmó el alcalde de Niza y persona de confianza de Sakorzy, Christian Estrosi, en FranceInfo.

Por primera vez, Sarkozy acudió al Tribunal Penal de París con una pulsera electrónica tras ser condenado el pasado 8 de diciembre por corrupción y tráfico de influencias en el caso Bismuth. 

Los magistrados instructores señalan que "varias personas cercanas a Nicolas Sarkozy actuaron sistemáticamente como intermediarios, a veces oficiales --Claude Guéant y Brice Hortefeux-- a veces no oficiales --Alexandre Djouhri y Ziad Takieddine-- para obtener apoyo financiero de las autoridades libias", e insisten en que  este apoyo financiero se proporcionó a cambio de una "compensación diplomática, económica y judicial" en beneficio del régimen libio.  

Sin embargo, el abogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, insiste en que "el régimen libio no tenía relaciones especiales con Francia", y pide a la justicia francesa "centrarse en la realidad de los hechos y distanciarse de esta vaga teoría". Sarkozy también ha denunciado en varias ocasiones que todo se trata de una "fábula" y "maquinación" motivada por su apoyo a la caída de Gadafi durante la Primavera Árabe.

El expresidente se enfrenta a 10 años de cárcel, una multa de 375.000 euros y cinco años de inhabilitación política. Una condena que se sumaría a la del pasado mes de diciembre que le obliga a llevar un brazalete electrónico. 

Vacaciones en Las Seychelles

Aunque el entorno de Sarkozy dice que se siente preocupado, el político ha empezado el año generando una gran polémica en Francia por sus vacaciones navideñas en las Seychelles. Los franceses se preguntan cómo una persona condenada a un año de prisión y con un brazalete electrónico puede disfrutar de unas vacaciones a 7.800 kilómetros de Francia. 

La respuesta se encuentra en la lentitud de la justicia francesa a la hora de aplicar las sentencias. El exjefe de Estado no habría cometido ninguna ilegalidad, puesto que su sentencia aún no ha sido "administrativamente aplicada", y la justicia no ha detallado si puede o no abandonar el país.