Proceso de paz en Colombia

El Gobierno de Petro y la guerrilla del ELN comienzan a discutir un cese del fuego

Las negociaciones de México se cerraron con un moderado optimismo y un documento político común

Gustavo Petro, en una imagen de archivo.

Gustavo Petro, en una imagen de archivo. / EP

Abel Gilbert

El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla operativa en ese país, cerraron en México su segunda ronda de conversaciones vislumbrando más cerca que antes el anhelado horizonte de paz. Si bien queda un largo camino por recorrer, estos 25 días de negociación han sentado las bases para comenzar a discutir el cese del fuego. "Se han dado los primeros pasos", dijo el comandante del ELN, Pablo Beltrán. "Hemos avanzado en construir un itinerario con una visión común de paz", remarcó el representante directo del presidente Gustavo Petro, Otty Patiño. El Gobierno ha dado a su vez un paso político audaz al reconocer al ELN como una "organización armada rebelde" con la que celebra diálogos "dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado".

La vicepresidenta Francia Márquez participó de estas tratativas que posibilitaron además el abordaje de otros asuntos urgentes como la participación ciudadana y comunitaria en el proceso de paz. Las partes volverán a encontrarse en La Habana. Cuba ya ha jugado un papel importante durante las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC que permitieron poner fin a los enfrentamientos hace siete años.

"Todos debemos cambiar para lograr una paz integral y duradera, todos debemos participar en su diseño y realización", añadió Beltrán.

La "paz total"

Petro, un exinsurgente del M-19, se ha propuesto al asumir la presidencia alcanzar la "paz total" en Colombia. Esto incluye a los grupos armados de extrema derecha y a facciones del narcotráfico. La posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo con el ELN es crucial en esta ambiciosa hoja de ruta. Ese camino no ha sido fácil hasta el momento. De hecho, ya hubo intentos de negociación en 2017 que no llegaron a ningún resultado positivo. La llegada al poder de Pedro creó nuevas condiciones para un diálogo que se reanudó a fines del año pasado en Caracas con el patrocinio de Venezuela, Noruega y Cuba. A su vez, México, Noruega y Brasil son garantes de esos diálogos. Suecia, Alemania, Suiza y España se desempeñan en calidad de países acompañantes.

La agenda suscrita por el Gobierno y el ELN es amplia y, se estima, suscitará más de una controversia para su implementación. El documento conjunto habla de construir "una alianza política y social hacia un gran acuerdo nacional" y la necesidad de "identificar las causas de los problemas fundamentales del país" para lograr esas transformaciones. Si eso se materializa, será en adelante "innecesario el uso de las armas como medio para impedir o alentar las transformaciones políticas, económicas y sociales".

De acuerdo con la declaración, se necesita de una "participación activa y eficaz de las mujeres, de las poblaciones históricamente excluidas, discriminadas y precarizadas -niños, niñas, adolescentes, juventudes, adultos mayores, pueblos étnicos, campesinado, trabajadores, privados de la libertad, la diáspora, población LGBTIQ+ y en condición de discapacidad-, en la construcción de la democracia para la paz".

Cambios políticos

El proceso que debe conducir a la finalización del conflicto armado iniciado en 1964 obliga a "examinar, desde una perspectiva democrática, el régimen político y el modelo económico", así como "evaluar el tratamiento que se le da a los conflictos políticos, sociales y ambientales en función de la construcción de la paz". También se considera necesario "revisar el marco normativo" y las "garantías para la manifestación pública" en una sociedad históricamente criminalizada cuando se moviliza o protesta.

Los deseos de paz, se señala por último, deben ser acompañados por "políticas públicas tendientes a superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad". Eso implica la puesta en marcha de "planes de desarrollo alternativos integrales en territorios urbanos y rurales".