Un inventario detallado del material incautado por agentes del FBI en el registro de la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago verá la luz próximamente, abriendo la puerta a más detalles sobre qué materiales se llevó el expresidente de Estados Unidos irregularmente a Florida tras abandonar la Casa Blanca. La jueza federal Aileen Cannon ha adoptado la decisión este jueves en una vista, que estaba centrada en la petición de Trump de que se nombre un "perito especial" para revisar ese material.
En ese tema central del supervisor independiente la jueza no ha anunciado una decisión tras la audiencia de este jueves pero ha asegurado que la comunicará por escrito “en algún momento”. Durante la vista, además, ha dado señales que ratifican su tendencia a aprobar la petición, preguntando en un momento dado a los abogados del Departamento de Justicia que se oponen: “¿cuál sería el daño?”
La magistrada ha admitido también que está considerando, decida lo que decida sobre el permito,, permitir que agentes de la comunidad de inteligencia, pero no del FBI o del Departamento de Justicia, sigan revisando los documentos.
Dos versiones
Los abogados de Justicia han pedido repetidamente a Cannon que no interrumpa sus pesquisas criminales, poniendo el énfasis en que el registro fue realizado con una autorización judicial para obtener “pruebas de tres delitos federales significativos”, en referencia a la violación de la Ley de Espionaje y otros dos estatutos penales.
Mientras, la defensa de Trump minimiza la trascendencia de las potenciales irregularidades cometidas por el expresidente al llevarse al abandonar la Casa Blanca documentos, incluyendo clasificados y de "alto secreto", que debería haber dejado en manos del gobierno. En la audiencia de este jueves uno de esos abogados, por ejemplo, ha comparado el conflicto sobre el material con “una disputa por un libro no devuelto a tiempo a una biblioteca”. El letrado también ha acusado al Departamento de Justicia de estar “criminalizando” la Ley de Archivos Presidenciales, que según ha dicho contempla las negociaciones entre un expresidente y los Archivos Nacionales.
