No hay estado miembro que no se haya llevado un tirón de orejas en el tercer informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea presentado este miércoles por el Ejecutivo comunitario pero hay dos países que siguen copando buena parte de las preocupaciones: Hungría y Polonia que han recibido ocho y siete recomendaciones respectivamente -más que ningún otro socio europeos- en materia de reformas justiciales, lucha contra la corrupción, libertad y pluralismo de sus medios de comunicación, así como el sistema de contrapesos para garantizar instituciones independientes. 

“En el informe hacemos tanto observaciones puntuales, invitando a llevar a cabo reformas, como en algunos casos la constatación de un problema más sistémico. Cuando en una recomendación se mencionan el (procedimiento del) artículo 7 (del Tratado) o bien decisiones ya adoptadas por el Tribunal de Justicia de la UE o de los debates en el contexto del plan de recuperación podemos ver que en algunos casos hay problemas sistémicos. No es un secreto que en Polonia y Hungría nos encontramos en esta situación”, ha resumido el comisario de justicia, Didier Reynders, durante la presentación de una herramienta “preventiva” que confirma que persisten “importantes motivos de preocupación de orden sistémico” en algunos casos.

Concretamente, “persisten motivos de preocupación de carácter estructural en algunos estados miembros" en lo que respecta a la independencia judicial. “En algunos estados miembros existen dificultades en relación con los nombramientos en los tribunales superiores y para los cargos de presidente de los tribunales. En otros preocupa la independencia o la autonomía de las fiscalías y se siguen usando procedimientos disciplinarios para coartar la independencia judicial”, enumera el informe. En otros las dudas las generan el sistema de lucha contra la corrupción y a las medidas para garantizar la protección de la independencia de los medios o los periodistas. En este terreno, la Comisión Europea presentará tras el parón estival una Ley de Libertad de los Medios de Comunicación.

En el caso de Hungría, el país con más toques de atención, el documento repite en gran medida las preocupaciones ya planteadas en las tres ediciones anteriores sobre la independencia judicial que Budapest sigue sin resolver. Menciona la necesidad de reforzar el papel del Consejo Judicial Nacional para contrarrestar los poderes del presidente de la oficina del Tribunal Nacional y salvaguardar la independencia. También considera problemáticas las reglas sobre la elección del presidente del Tribunal Supremo, los nombramientos al margen de los procedimientos normales, así como el control sobre los organismos judiciales. 

No se olvidan tampoco de reclamar al Gobierno de Viktor Orban reglas para impedir las puertas giratorias y regular la actuación de los grupos de presión, medidas para reforzar el sistema sobre declaración de activos y mecanismos de control independientes y robustos para luchar contra los casos de corrupción. Otros de los puntos negros en Hungría se refiere a los medios de comunicación y a la necesidad de garantizar un servicios público independiente, que tenga en cuenta lo estándares europeos, y de una legislación que garantice una distribución transparente sobre el gasto en publicidad por parte del estado. 

Las mismas "graves preocupaciones” persisten en relación a Polonia que desde julio del año pasado ha recibido varias sentencias en contra del Tribunal de Justicia de la UE y procedimiento de infracción. Entre las recomendaciones que le redirige la Comisión figuran, además de garantizar la independencia judicial y de cumplir con las sentencias judiciales europeas, garantizar la separación de las funciones del ministro de justicia y del fiscal general hasta garantías de investigaciones independientes, la concesión de licencias a medios de comunicación de forma transparente y sin discriminación así como el refuerzo del sistema de contrapesos. 

El informe también se hace eco del uso del programa de espionaje Pegasus y de casos en Polonia, Hungría, Francia y España para espiar a periodistas, abogados, políticos e incluso eurodiputados. “Aunque a menudo está ligado a la seguridad nacional esto no significa que haya un cheque en blanco sobre el uso de este tipo de instrumentos tan intrusivos”, ha avisado la vicepresidenta y responsable de Valores de la Comisión Europea, Vera Jourová. En su opinión, se trata de un “problema grave” sobre el “hay que pensar” y es necesario garantizar la existencia de "controles nacionales y salvaguardas” para garantizar que se se respetan los derechos fundamentales.