El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución para prohibir los productos fabricados con trabajo forzoso, como los que se producen en la provincia Xinjiang en China, según denuncian diversos informes.

Con 503 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, la enmienda de la Eurocámara busca crear criterios de prohibición, una cooperación internacional y un diálogo con las empresas para supervisar e inspeccionar la procedencia de los productos.

En el texto aprobado, los parlamentarios piden una colaboración con países externos a la UE y herramientas para que autoridades públicas puedan confiscar en las fronteras europeas, siempre y cuando haya pruebas suficientes.

"La UE tiene que hacer más para combatir sistemáticamente la práctica viciosa del trabajo forzoso, y debería hacerlo en alianza con otros países", dijo el presidente del Comité de Comercio Internacional, Bernd Lange. En su opinión, en la UE "no puede haber lugar para productos o transportes basados ​​en la explotación".

"Con la votación de hoy, el Parlamento sentó los principios a lo largo del cual se debe construir una prohibición de tales prácticas inhumanas: ahora es el momento de que la Comisión cumpla", indicó. La Eurocámara reiteró así la necesidad de crear instrumentos necesarios para regular el trabajo forzoso como abogar por una asistencia a las Pyme para que hagan frente a las nuevas reglas y ayudar a los importadores estableciendo una lista pública de empresas, regiones y productores sancionados.

Con relación a la creación de normativa, los eurodiputados subrayaron que para determinar qué cuenta como producto del trabajo forzoso, los elementos deberán compararse con los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluyen abuso de vulnerabilidad, restricción de movimiento, retención de documentos de identidad y servidumbre por deudas. Durante el debate de hoy, el Parlamento Europeo hizo alusión a los últimos documentos revelados sobre los llamados campos de reeducación de los uigures en la provincia Xinjiang en China, una forma de trabajo forzoso que algunos eurodiputados denominaron como “esclavitud del siglo XXI”.

La eurodiputada española, Inma Rodriguez Piñedo, hizo hincapié en los 25 millones de personas que sufren el trabajo forzado, “donde la mayoría son mujeres, niñas y niños, poblaciones desplazadas y los grupos más vulnerables de la sociedad”, además añadió que Europa tiene que actuar para evitar que algunos países basen su desarrollo en el trabajo esclavo de sus ciudadanos. Estados Unidos y Canadá ya vetaron algunas importaciones procedentes de trabajos forzados.