Tras meses de tira y afloja con el Gobierno de Viktor Orban, la Comisión Europea ha decidido dar el paso y activar el mecanismo que condiciona el desembolso de los fondos europeos al respecto del Estado derecho. Aunque no hay estimaciones sobre el montante de ayudas europeas que Budapest podría perder si no resuelve las deficiencias identificadas por el Ejecutivo comunitario, Bruselas considera que dispone de "pruebas suficientes", según ha asegurado la vicepresidenta Vera Jourova, de que ha habido una vulneración de las normas en la gestión de los fondos por lo que Hungría tiene que dar explicaciones y presentar medidas correctoras.

“La Comisión ha decidido actuar porque tiene preocupaciones graves sobre una serie de instituciones en el uso del presupuesto de la UE en Hungría. Se refieren a las contrataciones públicas, el funcionamiento de las autoridades responsables de los fondos, los controles financieros y el proceso de auditoría, la transparencia, la prevención del fraude, la corrupción y otras vulneraciones”, explican fuentes del Ejecutivo comunitario

A esto, añaden las mismas fuentes, la "constante" negativa de las autoridades húngaras a cumplir con las recomendaciones y peticiones de Bruselas durante más de una década lo que ha quedado demostrado a través del "nivel excepcionalmente elevado de correcciones financieras de los últimos años". La Comisión Europea tiene otras preocupaciones que han agravado todavía más la situación debido a los "límites a una investigación eficaz y a un enjuiciamiento independiente" en el país. Además, Hungría no dispone de una estrategia amplia contra la corrupción lo que complica todavía más la situación en términos de estado de derecho. 

Aval del TJUE

Se trata de la primera vez que la Comisión activa el mecanismo, que entró en vigor el 1 de enero de 2021 y que Bruselas había mantenido congelado hasta el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE sobre el recurso planteado por Hungría y Polonia. Los tribunales avalaron el instrumento el pasado 16 de febrero y Bruselas se puso manos a la obra lo que ha desembocado en el envió de una carta formal de emplazamiento en el que identifica los problemas. “Esto es solo el inicio del diálogo, no hay sanción, ni multa ni nada”, explican fuentes del Ejecutivo comunitario. 

Las autoridades húngaras disponen ahora de un plazo de dos meses para responder a las preocupaciones identificadas por Bruselas, dar explicaciones y proponer medidas correctivas adecuadas. “El objetivo es lograr, si se puede un acuerdo, de forma que el procedimiento pueda detenerse pero si no es el caso continuará”, añaden fuentes de la Comisión sobre un procedimiento podría prolongarse entre 5 y 9 meses. "Nadie quiere que el proceso se extienda para siempre. La Comisión tiene la obligación de activarlo y adoptar medidas al final del proceso para corregir la situación. Así que nueve meses es el máximo que podría durar", aseguran.