Volvieron los apagones a Venezuela. Ciudades a oscuras y gritos de vecinos que, en la negrura, maldicen el corte porque se les quemó un ordenador o porque no saben qué hacer con la carne que tanto les costó conseguir en el mercado paralelo y se pudre en un refrigerador sin electricidad. El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, denunció días atrás "un nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional" y responsabilizó a "integrantes de grupos delictivos" de haber "vandalizado equipos de la subestación Lagunillas", en el estado de Zulia, a unos 800 kilómetros de Caracas. Estos hechos, añadió Reverol, "son parte de la guerra multiforme, la cual enfrenta nuestros servicios públicos en el país". La hipótesis de la conjura fue sin embargo archivada de inmediato por el Gobierno.

Los reportes provenientes de distintas ciudades se acompañan del amargo recuerdo de principios y finales de marzo de 2019, cuando un manto de oscuridad se esparció por buena parte del territorio. Se lo llamó "el Gran apagón". Por entonces, el Gobierno de Nicolás Maduro también habló de hechos intencionales provocados por los sectores más radicales de la oposición, vinculados al diputado Juan Guaidó, quien un mes antes de los cortes había sido reconocido por Estados Unidos y otros países como "presidente encargado" de Venezuela.

El responsable de la patronal Fedecámaras de Zulia, Ezio Angellini, aseguró que, más que un atentado contra las instalaciones, lo que enfrenta la población es una nueva dosis de racionamiento de energía que ha comenzado hace dos semanas, y sin previo aviso. "Pasamos tres horas en promedio sin luz en Maracaibo, y hasta seis horas en los municipios", le dijo a la emisora Unión Radio. La temperatura promedio en esa región es de 35 grados.

La empresa estatal Corpoelec negó que el embalse de Guri, en el estado de Bolívar y uno de los puntales del sistema hidroeléctrico, al punto de suministrar el 60% de la energía a nivel nacional, tenga en estos momentos un bajo nivel de agua. Lo mismo sucede en otras represas. Corpoelec evitó hablar de ataques y dijo que han comenzado "labores correctivas" en las cadenas de provisión de energía, llamadas "planes de administración de carga", y afectan a numerosos municipios. Se informó a su vez que los principales problemas de abastecimiento de electricidad se encuentran en la región centro-occidental. Si bien Corpoelec anuncia diariamente las zonas en las que se aplicarán cortes, los usuarios se quejan de que nunca se especifica la hora de la interrupción ni por cuánto tiempo.

Además de Zulia y Mérida, los trastornos se sintieron también en Caracas, la capital, y en los estados de Táchira, Lara y Miranda. La prensa ha reportado que en Mérida los cortes han tenido una duración de hasta 15 horas diarias.

Una historia de cortes

El Comité de Afectados por los Apagones, una asociación civil coordinada por Aixa López, dirigente del partido socialdemócrata Acción Democrática, ha reportado un total de 442.000 fallas eléctricas desde el gigantesco trastorno de marzo de 2019. López dijo que en febrero se han contabilizado 4.850 cortes, mientras que este mes ya han recibido 6.250 denuncias.

La capital concentra parte de las interrupciones. López habla de cinco a 12 diarias que dañan equipos eléctricos de toda clase. La dirigente de AD reclamó a la Asamblea Nacional (AN), dominada por el madurismo, que interpele a Reverol, para saber con exactitud qué medidas se toman para restablecer por completo la normalidad del sistema. A su vez, el Comité de Afectados para Apagones ha pedido que la AN apruebe finalmente una ley de indemnización al usuario que, como consecuencia de los súbitos cortes de energía, ha perdido sus equipos eléctricos.

“Los gobiernos de (Hugo) Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro imprimieron un tono de secretismo y confidencialidad a sus reportes sobre la crisis eléctrica. Los ministros y voceros oficiales suelen culpar a sus opositores políticos y a poderes extranjeros, como Estados Unidos, de las graves fallas del servicio”, sostuvo la revista Tal Cual. La oposición, en cambio, sostiene desde 2019 que la crisis eléctrica es consecuencia de un modelo de gestión estatal anacrónico. Algunos especialistas le reprochan a los autoridades falta de previsión para anticiparse a las posibles sequías.