“No todos los mensajes de texto necesitan ser registrados pero está claro que entran bajo la ley de transparencia de la UE así que los mensajes relevantes deben registrarse. No es creíble defender lo contrario”, concluye la Defensora del Pueblo europea, Emily O’reilly, tras una investigación realizada por este organismo de control de la UE sobre el acceso a los mensajes SMS que se intercambiaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, cuando negociaban un nuevo acuerdo de compra de vacunas por parte de la UE.

El caso se remonta al año pasado. Fue la propia responsable del Ejecutivo comunitario quien confirmó en una entrevista con el New York Times, en abril de 2021 que había intercambiado SMS con Bourla durante la negociación sobre la compra de más vacunas. Un periodista de Netzpolitik.org, Alexander Fanta, decidió solicitar el 4 de mayo al Ejecutivo comunitario acceso público a dichos mensajes y otros documentos relativos a estos intercambios. Lo único que recibió fue un correo electrónico, una carta y una nota de prensa pero no los mensajes de texto. Tras una denuncia de una eurodiputada holandesa Sophie in 't Veld el caso llegó a manos de O’reilly que puso en marcha una investigación para evaluar la manera en la que la Comisión Europea gestionó la petición de información.

Según el resultado de la misma, pese a la petición, la Comisión Europea no solicitó de forma explícita a los miembros del gabinete de la presidenta que buscaran los mensajes de texto requeridos y se limitó a reclamar los documentos que cumplen con los criterios internos de registro en el que, señalaron, no entran los SMS. A juicio de la defensora esta actuación constituye “un caso de mala administración. “La estrechez de miras con la que se trató esta solicitud de acceso público hizo que no se intentara identificar si existía algún mensaje de texto. Esta forma de actuar no responde a las expectativas razonables de transparencia y de las normas administrativas de la Comisión”, critica O’reilly.

Hasta el 26 de abril

Aunque la defensora del pueblo admite que no todos los mensajes de texto deben ser necesariamente registrados, sí deben quedar plasmados aquellos que claramente entran en el marco de la legislación de transparencia europea como ocurre en este caso. Durante la investigación, el Ejecutivo comunitario argumentó que un “mensaje de texto u otro tipo de mensajería instantánea es, por su naturaleza, un documento de corta duración que no contiene, en principio, información importante sobre asuntos relacionados con las políticas, actividades y decisiones de la Comisión” y que no registran los mensajes instantáneos.

La respuesta de O’reilly a estas alegaciones es, sin embargo, rotunda. “Es el contenido del documento lo que importa y no el soporte o la forma. Si los textos afectan a políticas y decisiones de la UE deben ser tratados como documentos de la UE”, avisa O’reilly que ha urgido al Ejecutivo comunitario a que busque de nuevo los mensajes intercambiados con el CEO de Pfizer. Bruselas tiene hasta el 26 de abril para responder sobre la búsqueda de los mensajes requeridos.

"Es necesario reformar y clarificar las reglas de acceso a documentos de la UE para que no volvamos a tener problemas de este tipo en el futuro. Vemos que hay una resistencia generalizada a aplicar el reglamento a todo lo que no es un documento en el sentido tradicional clásico", señala la directora de Access Info, Helen Darbishire.