Colombia cerró el año pasado con 96 masacres y 169 líderes comunitarios asesinados. Y 2022 ha arrancado pronto teñido de sangre. Unos 600 kilómetros al norte de Bogotá, en las zonas rurales del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, han muerto 23 personas como parte de un enfrentamiento armado entre el frente oriental de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016. Los choques estremecen a una región donde el miedo a perder la vida es el pan de cada día.

El ELN fue en su origen, a mediados de los años 60, una guerrilla de inspiración guevarista, conocida por integrar en sus filas al sacerdote Camilo Torres. Desde hace años amaga con sentarse en una mesa de negociación con el Gobierno para abandonar las armas. Sus dirigentes se han aliado con un sector de las FARC que decidió reiniciar la acción guerrillera. Juntos batallan por el control territorial contra otra remanencia de las mismas FARC disidentes. "El frente oriental Manuel Vásquez Castaño se vio en la necesidad de defender los territorios", dijo al respecto el ELN. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, la razón de esta escalada de la violencia está relacionada con disputas por corredores de narcotráfico y rentas criminales en una zona de muy baja presencia del Estado.

Frontera caliente

Los incidentes tienen lugar en una frontera muy caliente. El Ministerio de Defensa estima que los hechos comenzaron cerca de Los Cañitos, una población del estado venezolano de Apure, donde tienen presencia todos los grupos irregulares que atraviesan los límites entre los dos países con extrema naturalidad. Cinco de las personas fallecidas durante los enfrentamientos son, de hecho, venezolanos, según la Defensoría del Pueblo colombiana que, además, constató la existencia de desplazamientos masivos de pobladores, retenciones ilegales y amenazas. La Defensoría expresó a su vez la "profunda preocupación por la agudización del conflicto armado" en ese departamento petrolero donde también operan facciones del narcotráfico. La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió al Gobierno del presidente Iván Duque que redoble los esfuerzos para proteger a la población civil.

Arauca ha levantado la voz. Los habitantes de Tame, un municipio cercano a la cordillera Oriental, salieron a la calle vestidos de blanco para pedir respuestas inmediatas a las autoridades políticas. Desde que se agudizaron los enfrentamientos armados han desaparecido solo en Tame unas 50 personas y numerosas familias han optado por abandonar sus casas. "Le decimos no más a la guerra", señaló la dirigente social Mayerly Briceño, durante una reciente marcha.

Tragedia anunciada

"Le di una instrucción muy precisa del ministro Molano de aumentar la capacidad de la fuerza pública en Arauca. He ordenado que se desplacen dos batallones para apoyar la tarea de control territorial en las próximas 72 horas", dijo Duque. "¿Por qué no hemos podido evitar una tragedia anunciada? ¿Qué garantías de no repetición hay para el futuro próximo, más aún en época electoral?", se preguntó el diario bogotano El Espectador, en su editorial de este martes. "De poco ha servido tener el diagnóstico de lo que ocurre en Arauca. La Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas. La Fiscalía tiene procesados a los dos últimos gobernadores del departamento. Los discursos oficiales de los últimos gobiernos, incluido el de Iván Duque, han posicionado la zona como un espacio de interés para hacer presencia estatal". A pesar de esos antecedentes, los sucesos luctuosos se repiten desde hace años: "Tenemos por lo menos 23 personas asesinadas, 2.000 desplazadas y unas 10.000 que posiblemente serán afectadas debido a combates". Para El Espectador, a esta altura de los acontecimientos, "hablar de zozobra es quedarnos cortos".

El papel de Venezuela

Cada vez que se derrama la sangre en Arauca, Colombia recuerda las responsabilidades venezolanas. El presidente Iván Duque insiste en que tanto el ELN como las facciones enfrentadas de las FARC "han tenido protección y resguardo por parte del régimen de Nicolás Maduro". Jesús Santrich e Iván Marquez fueron parte del equipo de negociadores del proceso de paz en La Habana, pero rompieron el acuerdo y volvieron al monte. Santrich murió en mayo pasado en territorio venezolano como parte de los enfrentamientos entre bandas armadas. El ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechaza la hipótesis de Duque. "¿Quién tiene la culpa de los males de Colombia? Seguir señalando a Venezuela de la violencia centenaria gestada en sus entrañas nunca los va a exculpar hasta tanto la tortilla se vuelva y la oligarquía colombiana sea sustituida por un gobierno de compromiso social", dijo. No obstante, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se ha desplegado en los municipios fronterizos y "ha elevado su nivel de alerta".

La solución de los problemas no aparece en el horizonte debido a que la relación entre los dos países se encuentra en un limbo desde enero de 2019, cuando Duque reconoció al legislador Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El exdiputado, en completa sintonía con Bogotá, asegura que Maduro "vulnera" la soberanía venezolana al dar amparo a los grupos armados colombianos.