La comisión electoral libia ha ordenado la disolución de los comités electorales, un anuncio que se ha hecho público este martes y que pone en jaque las elecciones presidenciales previstas para el viernes. Aún así, todavía quedan muchas dudas que sobrevuelan estos comicios porque hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial que los dé por suspendidos. 

Uno de los principales escollos que se ha encontrado la comisión electoral ha sido lograr cerrar la lista oficial de candidatos que pueden optar a la presidencia del país. Muchos de ellos no cumplen con los requisitos establecidos e incluso tienen causas judiciales pendientes. Hace diez días la comisión pospuso la publicación de las listas y defendió en un comunicado que no lo haría hasta que se resolvieran los problemas legales. 

Tanto dentro como fuera del país se han alzado estas últimas semanas voces favorables y contrarias a mantener la cita electoral, aunque el sentimiento general es que celebrar las elecciones del 24 de diciembre es una tarea casi imposible, además de ser visto como un nuevo golpe al proceso de paz abierto. Una quincena de candidatos hicieron un llamamiento la semana pasada a respetar el calendario electoral, también varios países europeos y Estados Unidos defendieron esta posición. En cambio, el ministro ruso de Exteriores, un país con importante peso en lo que sucede en Libia, recomendó que se pospusieran. 

Entre el centenar de candidatos que han presentado su candidatura, uno de los que acaparó mayor atención fue la del hijo de Muamar al Gadafi, el dictador libio que gobernó el país hasta que fue derrocado el 2011. Saif al Islam, señalado incluso durante años como el heredero político de su padre, sorprendió dentro y fuera de Libia tras reaparecer tras años en paradero desconocido para anunciar su candidatura. Entre otras causas abiertas, Al Islam tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad e incluso fue condenado a muerte en su país acusado de matar a manifestantes durante las revueltas de 2011.

Crímenes de guerra

Otro candidato que también tiene causas pendientes es Jalifa Hafter, el hombre fuerte al este del país que ha liderado los últimos años varias ofensivas contra las facciones que controlan Trípoli para intentar tomar la ciudad sin éxito. A finales de noviembre un tribunal militar del país lo condenó a muerte, tras un juicio sin su presencia, acusado de crímenes de guerra. 

Otro de los aspirantes es el actual primer ministro interino, Abdelhamid al Debaibah. Los tres candidatos fueron rechazados en primera instancia por el comité electoral, aunque recurrieron la decisión. Finalmente los tribunales del país aceptaron su candidatura y actualmente continúan en el tablero político del laberinto electoral libio. 

La proximidad de los comicios y los obstáculos para organizarlas también ha disparado la tensión entre facciones, además de sabotajes en centros de votación o robo de urnas. La semana pasada se produjeron de nuevo enfrentamientos en la ciudad de Sabha, al sur del país. La tensión también ha llegado al norte del país: Las fuerzas libias afines al Consejo Presidencial de Trípoli cerraron este martes varias carreteras que conducen hacia la capital del país, según ha informado la agencia EFE.