El Congreso peruano rechazó debatir una moción de censura contra el presidente Pedro Castillo, quien asumió el pasado 28 de julio y, en la noche del martes, esquivó por el momento el horizonte de la destitución que promueven el fujimorismo y sus aliados. El proyecto necesitaba 52 votos, pero logró 46. El recurso de la "vacancia por incapacidad moral" se ha convertido en una costumbre peligrosa durante los últimos años de vida política en Perú. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dimitió en 2018 para no ser juzgado por los legisladores. Lo sustituyó Martín Vizcarra, quien el año pasado probó la misma medicina.

"Creemos importante manifestarles que sí tengo la autoridad moral, como la tiene este pueblo, para combatir la corrupción. Hoy se nos juzga por irnos a tomar un café en un domicilio. ¿En dónde se reunían los expresidentes? ¿Dónde hacían sus negocios bajo la manga? ¿Dónde se hacían los grandes contratos? ¿En dónde lo hacían? ¿Y por qué conmigo? ¿Y por qué con un hombre del pueblo?", se pronunció el maestro rural de izquierdas horas antes de que comenzara la votación. Las fuerzas conservadoras intentaron juzgarlo por sus nombramientos políticos, la supuesta financiación irregular de Perú Libre, el partido que lo llevó al Gobierno, denuncias de supuestos tráficos de influencias y, además, por retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba. Se lo ha responsabilizado además de haber generado la "inestabilidad económica" del país.

El Congreso es dominado por la derecha y la ultraderecha. A primera hora del martes creían que se allanaba el camino de juicio político. El debate demostró lo contrario. El portavoz del oficialismo, Waldemar Cerrón, consideró durante su discurso que no existían "argumentos sólidos" para forzar la salida de Castillo a pocos meses de haber asumido. La representante de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana y el congresista de Somos Perú, José Jerí Oré, siguieron el mismo razonamiento. Ruth Luque, de Juntos Por el Perú, estimó que la iniciativa busca "desconocer los resultados electorales" que permitieron la llegada de Castillo al Palacio Pizarro. "Tenemos que reconocer que hay cosas que deben cambiar, pero consideramos que la vacancia no es el mecanismo, estamos en contra de la admisión a debate de la moción de vacancia", opinó Flor Pablo, del Partido Morado.

Los argumentos de la derecha

Jorge Montoya, de Renovación Popular, defendió la moción de vacancia porque el presidente, dijo, "tiene poca capacidad moral para conducir por las vías institucionales a las Fuerzas Armadas".

"No estamos diciendo que el presidente es un inmoral, sino que no tiene capacidad moral", sostuvo por su parte el fujimorista Hernando Guerra García. Para Edwin Martínez, de Acción Popular, si bien esta vez Castillo salió airoso, "esta va a ser la última oportunidad que se le va a dar" para permanecer en el poder.

Escenario delicado

A pesar de la derrota parlamentaria de los partidos hostiles a Castillo, la situación política está lejos de estabilizarse. El mandatario ha intentado dialogar con sectores con los que no tiene empatía ideológica para que no se sumen a la conjura. "La circunstancia de que el empeño de la vacancia no llegue a materializarse, sin embargo, no debería ser percibido por el Gobierno como una victoria o una señal alentadora. La pregunta que el presidente Pedro Castillo y quienes lo acompañan en la administración del Ejecutivo más bien tendrían que hacerse es por qué lo que empezó como una medida solitaria fue ganando en el camino el peso necesario como para ponerlos a la defensiva”, advirtió el diario limeño El Comercio, en su editorial.

  Desde su asunción, el maestro rural enfrentó sucesivas crisis que le valieron dimisiones de permanentes. Pocos días después de haber iniciado la presidencia, Castillo se vio obligado a aceptar la renuncia de su titular Relaciones Exteriores de Perú, Héctor Béjar, un ex guerrillero guevarista durante los años sesenta, por haber relacionado a los servicios de inteligencia con el origen de la violencia política en ese país. Después abandonaron el Gobierno el premier Guido Bellido y otros ministros.

El último escándalo tuvo lugar semanas atrás. El ministro del Interior, Luis Barranzuela, tuvo que abandonar el Gobierno tras organizar en su casa una reunión con música tan estridente que los vecinos no tuvieron otra alternativa que denunciarlo ante la policía. A Barranzuela se le dio por trasgredir las propias recomendaciones de su cartera a la población para frenar la expansión del covid-19.