La muerte de Izabela por “shock séptico” el pasado 22 de septiembre, una joven polaca del 30 años embarazada a la que las autoridades de Polonia no permitieron abortar pese a que el dictamen médico determinó que el feto no podría sobrevivir, desencadenó hace una semana fuertes protestas y manifestaciones contra el gobierno ultraconservador polaco y su decisión de prohibir de facto el aborto. Una campaña a la que se ha sumado este jueves el Parlamento Europeo. En una resolución aprobada por mayoría -373 votos a favor, 124 en contra y 55 abstenciones- el colegislador europeo urge a Polonia a garantizar rápida y plenamente el acceso a un aborto “seguro, legal y gratuito” y condena el entorno cada vez más hostil y violento al que se enfrentan las mujeres defensoras de los derechos humanos.
La situación dio un vuelco el pasado 22 de octubre de 2020. Aquel día el Tribunal Constitucional de Polonia declaró inconstitucional una disposición de la ley que permitía el aborto en determinados casos -en los que una prueba prenatal u otras consideraciones médicas hubieran indicado una probabilidad ata de anomalía fetal grave e irreversible o enfermedad incurable del feto- lo que supuso la prohibición de facto del aborto en el país y la “generalización de abortos inseguros” porque obliga a las mujeres “a viajar para abortar en el extranjero, socavando de este modo su salud y sus derechos, así como su autonomía sexual y física, y poniendo en peligro sus vidas”, denuncian los eurodiputados.
Solo 300 abortos
De hecho, en el último año solo 300 mujeres han podido acceder al aborto en hospitales, debido a la amenaza que suponían para su vida y salud, mientras que los grupos de Aborto sin fronteras han ayudado a 34.000 mujeres polacas a abortar. La resolución, apoyada por todos los grandes grupos de la Eurocámara incluido el Partido Popular Europeo, reitera su condena a la sentencia polaca y pide al Gobierno de Mateusz Morawiecki que garantice rápida y plenamente el acceso al aborto y a hacerlo accesibles a todas las mujeres y niñas.
“De ninguna manera se debe tipificar la práctica del aborto como delito, ya que esto tiene un efecto disuasorio para los médicos que, en consecuencia, se abstienen de prestar servicios de salud sexual y reproductiva por temor a sanciones penales, lo que limita la asistencia sanitaria disponible para las mujeres y las niñas”, subraya la resolución que pide a Varsovia que despenalice por completo el aborto, suprima cualquier referencia al mismo en el derecho penal, y derogue también la ley que limita el acceso a la píldora anticonceptiva de urgencia.
Solidaridad con activistas
El texto, que expresa “preocupación” ante los intentos de tipificar la divulgación de la educación sexual y relacional como delito, también lamenta que durante el último año no se haya presentado ninguna iniciativa ni propuesta dirigida a poner fin a la prohibición de facto del aborto y a las numerosas restricciones de acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el país y muestra solidaridad con las mujeres polacas, activistas y personas y organizaciones valientes que siguen ayudando a las mujeres a acceder a la asistencia relacionada con el aborto cuando lo necesitan.
Y es que, la prohibición del derecho al aborto, recuerdan los eurodiputados no reduce la necesidad de los mismos. Es más obliga a las mujeres a “recurrir a abortos inseguros, viajar al extranjero para poder abortar o llegar al término del embarazo en contra de sus deseos, incluso en los casos de malformación fetal grave o mortal”. Por ello, arremete contra el entorno cada vez más hostil y violento y pide a las autoridades polacas que protejan urgentemente a los defensores de los derechos humanos de las mujeres que han sido amenazados.
