Al menos 104 niños estaban encarcelados a finales de julio en una prisión de Birmania, donde al menos 75 menores han muertos por la represión de la junta militar en el poder desde el 1 de febrero, denunciaron este miércoles dos expertas.

Amihan Abueva, antigua representante de derechos infantiles de una comisión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y Ruita Serena Kalibonso, representante de los derechos de las mujeres en ese mismo grupo denunciaron en un artículo en el Jakarta Post que la prisión donde fueron encerrados los menores es conocida por "el riesgo de tortura o un brote mortal de covid-19".

En el artículo, publicado también en el Straits Times de Singapur, las dos expertas critican que más de seis meses después del golpe de Estado miliar del pasado 1 de febrero, "los niños siguen sufriendo una situación terrorífica".

"La junta y sus aliados han matado a montones de chicos y chicas, detenido arbitrariamente a cientos y llevado al país al borde de una catástrofe humanitaria", denunciaron las autoras, que recordaron la cifra dada por la ONU de 75 niños muertos a manos de la junta, "aunque se cree que el número real es mucho mayor".

"Algunos chicos y chicas perdieron sus vidas por la brutal respuesta a protestas callejeras pacíficas este año, mientras otros simplemente fueron alcanzados por balas perdidas", afirmaron.

Según las autoras, más de 1.000 menores han sido arrestados de manera arbitraria y "la junta ha sido responsable de un catálogo de violaciones de derechos de los niños desde que intentó hacerse con el poder en febrero, desde matanzas y violencia gratuita a arrestos arbitrarios o la ocupación militar de escuelas".

Las dos expertas recuerdan también la dramática situación que vive el país por el rebrote de contagios de covid-19 y piden una respuesta humanitaria internacional.

El país vive una profunda crisis desde el golpe de Estado, rechazado por buena parte de la sociedad birmana, cuya representación se arroga el denominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado por exparlamentarios y lideres civiles cercanos a la depuesta líder Aung San Suu Kyi.

El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.