Berenice Quezada, Miss Nicaragua en 2017, ha quedado bajo arresto domiciliario y su candidatura como número dos de una pequeña coalición de derechas se hizo trizas sin entrar siquiera en campaña. La Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) denunció que la exeina de la belleza "fue notificada en su casa por autoridades judiciales y del Ministerio Público acompañadas por la Policía" de que había cometido el supuesto delito de "incitación al odio".

La exmodelo había convocado a los nicaragüenses a repudiar en las urnas las acciones contra el Gobierno del estallido social de abril de 2018. "Tenemos que demostrar que Nicaragua no los quiere en el poder", dijo Quezada sobre el matrimonio presidencial Daniel Ortega-Rosario Murillo. Su sanción esperada después de que un grupo de orteguistas autodenominados “víctimas y familiares del terrorismo golpista de 2018″ reclamó su inhabilitación ante la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Orígenes en 'la contra'

Quezada formaba un binomio electoral con Óscar Sobalvarro, un exjefe de la llamada contrarrevolución, la “contra”, como se conocieron a los grupos armados que financió la administración de Ronald Reagan en los años ochenta para desestabilizar al sandinismo, que había conquistado el poder por las armas en julio de 1979.

ACxL ha asegurado que su excandidata se encuentra ahora "sin acceso a la comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular". La casa, se señaló, está siendo rigurosamente custodiada por uniformados.

La medida se conoce pocas horas después de que Ortega y Murillo se postularan a la presidencia en los comicios del 7 de noviembre. La contienda tiene la peculiaridad de que siete precandidatos presidenciales se hallan en la misma situación que la de Quezada. Las detenciones, asegura la oposición, allanan el camino de una nueva victoria del orteguismo en las urnas, pero sin competidores. Buena parte de la oposición se ha abstenido de participar de lo que consideran una farsa electoral.

El pasado lunes UE sancionó a Murillo y otros seis funcionarios del Gobierno, por su responsabilidad en las "graves violaciones de los derechos humanos". En su comunicado, la UE señaló que "la detención de un séptimo posible candidato presidencial el pasado fin de semana ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones".