Tras cuatro rondas de negociaciones, el Parlamento Europeo y la presidencia portuguesa de la Unión Europea (UE), en nombre de los Veintisiete gobiernos europeos, han cerrado un acuerdo provisional para poner en marcha el certificado digital covid-19 de la UE, que permitirá desde el 1 de julio reactivar el turismo al facilitar los desplazamientos de las personas con una pauta completa de vacunación, que estén inmunizadas porque hayan superado la enfermedad o que dispongan de una prueba PCR con resultado negativo.
“Fumata blanca", ha celebrado el comisario de justicia, Didier Reynders. "Es un paso importante para reiniciar la libre circulación de la manera más segura posible al tiempo que brinda claridad y certeza a nuestros ciudadanos", se ha sumado la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides. “El Parlamento Europeo no ha logrado todo lo que quería pero hemos mejorado sustancialmente todos los artículos de la propuesta de la Comisión Europea y el mandato del Consejo”, ha valorado el negociador de la Eurocámara, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, que considera que el documento marcará la diferencia este verano y evitará que “se parezca a la pesadilla del 2020”.
El certificado no será un pasaporte como tal, obligatorio para viajar, pero sí permitirá facilitar la movilidad de las personas que cumplan con uno de los tres requisitos para obtenerlo. El pulso que mantenían gobiernos y Eurocámara a cuenta de la gratuidad de las pruebas PCR o la posibilidad de introducir restricciones adicionales se ha resuelto con una serie de compromisos que permitirán concluir la tramitación y aprobar el reglamento para mediados de junio.
Dos escollos superados
Como normal general, los Estados miembros no podrán imponer, tal y como exigían hasta ahora, “restricciones de viaje adicionales”, como test o cuarentenas, a los portadores del certificado. Aunque en la práctica, el reglamento les concede margen de actuación cuando las medidas sean “necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública, teniendo en cuenta las evidencias científicas, incluyendo los datos epidemiológicos publicados por el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades”. Cualquier decisión en este sentido, ha explicado López Aguilar, tendrá que comunicarse al resto de Estados miembros y a la Comisión Europea con 48 horas de antelación.
El segundo gran escollo resuelto tras una cuarta ronda de casi cinco horas de discusiones se refiere al coste de las pruebas PCR. El Parlamento Europeo exigía que fueran gratuitas, para evitar la discriminación con las personas vacunadas, a lo que la mayoría de los gobiernos, entre ellos España, se oponían por la elevada carga que supondría para las arcas nacionales en un país tan dependiente del turismo.
Finalmente, la Eurocámara ha cedido y aceptado la solución planteada por la Comisión Europea que se compromete a destinar a los Estados miembros 100 millones de euros del instrumento de emergencia para que subvencione los test y sean “asequibles y accesibles”, especialmente para aquellas personas que tienen que cruzar fronteras a diario para trabajar, estudiar, visitar familiares o recibir atención médica. El acuerdo también contempla, si fuera necesario, activar 100 millones adicionales aunque sujeto a la aprobación de las autoridades presupuestarias.
Electrónico y en papel
El documento, que deja fuera la coletilla de “verde” y se denominará "certificado digital covid de la UE”, se expedirá en formato electrónico, o en papel para las personas que no dispongan de un teléfono inteligente, e incluirá un código QR con la información fundamental necesaria que permitirá certificar que el viajero está libre del coronavirus. Lo podrán solicitar todas las personas que quieran desplazarse a otros países europeos y será de carácter temporal, hasta que la OMS declare el fin de la pandemia. Además, será gratuito y bilingüe (inglés y el idioma del país emisor) y solo incluirá información esencial como el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento.
En el caso del certificado de vacunación, se deberá mencionar la vacuna utilizada, el fabricante, el número de dosis y la fecha de la inyección. Serán aceptadas todas las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson&Johnson, aunque cada país podrá decidir si acepta certificados de vacunación de otros Estados miembros en aplicación de la lista de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si quien se desplaza lo hace con un test como justificante, el certificado tendrá que mencionar el tipo de la prueba de la que se trata, la fecha, el centro donde se llevó a cabo el análisis y el resultado. Por último, cuando lo que se certifique sea la recuperación el documento tendrá que especificar la fecha en la que la persona dio positivo, el nombre del organismo emisor, la fecha de la emisión así como la validez.
El siguiente paso ahora será someter el acuerdo a voto en la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo el próximo 26 de mayo y al pleno durante la sesión plenaria del 7 al 10 de junio, unos plazos que permitirán concluir la tramitación a tiempo para que pueda ser utilizado este verano. El acuerdo incluye un período de transición de seis semanas a partir del 1 de julio para que los países que no hayan concluido los preparativos lo hagan y puedan seguir utilizando sus certificados nacionales o regionales. La Comisión Europea lanzó hace varias semanas los preparativos técnicos para que los Estados miembros puedan conectarse a la pasarela europea que permitirá verificar la autenticidad de los certificados que estará operativa a partir del 1 de junio.
